Un estudio de UNESCO que analiza el período 2006 - 2021, revela que el 78% de los asesinatos de periodistas en América Latina y el Caribe se encuentran impunes, ya que no fueron resueltos en la justicia. Esta cifra es un llamado de atención para las autoridades de los países del continente, que fallan en dar garantías para el trabajo periodístico, y es un insumo para que las organizaciones que representan a trabajadorxs de prensa en toda la región puedan planificar acciones en torno a visibilizar la precaria situación de seguridad que se padece a nivel continental.
Si bien la cifras de crímenes ha disminuído considerablemente respecto a los números registrados en 2022, es gracias a la impunidad que los ataques no se han detenido. Hasta hoy, once periodistas y comunicadorxs populares fueron asesinados en 2023, y si bien todavía no se puede afirmar que todos los casos estén vinculados al trabajo periodístico, es una línea de investigación que no puede ser descartada. Las amenazas, la juidicalización de la labor informativa y la baja tasa de resolución de los casos han generado las condiciones para que eso suceda.
Los asesinatos son solo el exponente más tangible de los efectos de la impunidad en el trabajo de lxs periodistas. La persecución judicial hoy es una de las herramientas más utilizadas en la región para impedir la labor informativa. Este año, luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a prisión José Rubén Zamora, director y dueño del diario El Periódico, de Guatemala. La misma fiscal a cargo de esta causa, Consuelo Porras, ordenó investigar a ocho periodistas del mismo medio por los artículos que escribían en relación al juicio contra Zamora. Esto se da en un año convulsionado en el país centroamericano: Porras también es responsable de intentos de anulación del proceso electoral en el que se votó a un nuevo presidente, situación que ha sido denunciada también por las organizaciones de periodistas. Además, tres de los asesinatos cometidos contra comunicadorxs y periodistas este año, sucedieron en Guatemala.
En Colombia hubo un marcado crecimiento de las amenazas a periodistas en regiones del interior del país tales como Córdoba, donde el año pasado fue asesinado Rafael Emiro Moreno. Estas amenazas, que provienen mayormente del crímen organizado, han generado desiertos informativos, ya que lxs trabajadorxs de prensa recurren a la autocensura y el cierre voluntario de medios y transmisiones. Las precarias condiciones de trabajo, a menudo voluntario, de lxs periodistas comunitarixs, aumentan el riesgo al que están expuestxs.
Este año para Ecuador fue complejo: en medio de un tenso clima electoral, las intimidaciones a periodistas crecieron y algunxs eligieron el exilio como medida para proteger sus vidas. El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que previamente se desempeñaba como periodista, dejó en evidencia el crecimiento exponencial de los grupos armados vinculados al narcotráfico y la dominación territorial que han logrado en el último tiempo.
En el caso de México, que en 2022 fue el país sin guerra más peligroso del mundo para lxs periodistas, este año registró una baja considerable en la cantidad de asesinatos. Si bien esta es una buena noticia, no deja de alarmar que los crímenes continúan sucediendo y que la tasa de impunidad sigue siendo de las más altas de la región: 95% de los casos no se resuelven.
Tras los conflictos sociales derivados de la crisis política en Perú, en los que se registraron numerosos ataques a la prensa, el gobierno intentó aprobar proyectos que criminalizaban el trabajo periodístico aumentando penas y sanciones, pero los mismos no lograron avanzar. En términos de impunidad, no todas las noticias son malas: este año se logró la condena de uno de los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. Daniel Urresti, excongresista y excandidato presidencial, fue condenado a 12 años de prisión como coautor del crímen.
En este nuevo Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, para la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y sus organizaciones afiliadas es imprescindible analizar la situación en la que se encuentra la región para continuar la búsqueda de justicia y demandar medidas que den solución a la impunidad. La impunidad es condición necesaria para la continuidad de los crímenes contra trabajadorxs de prensa pero ésta no puede ser entendida escindida de otras variables, como la precariedad laboral y la falta de instrumentos internacionales que protejan a lxs periodistas, tales como la convención que impulsa la FIP ante la ONU. Con impunidad, no puede haber plena libertad de prensa, y esto impacta directamente en los sistemas democráticos.