La justicia paraguaya desestimó las denuncias de injurias contra la periodista Angie Prieto, quien fue víctima de una doble persecución -laboral y judicial- por defender a compañeras de trabajo que habían decidido exponer el acoso sexual del que eran víctimas por parte de un superior en el grupo mediático Albavisión. Primero fue despedida a pesar de su antigüedad en el cargo, y luego querellada por presuntamente haber escrito un comunicado supuestamente injurioso y por expresar críticas al modo en el que la empresa había manejado la situación en un grupo privado de WhatsApp.
“El fallo de la Jueza Mesalina Fernández no solo confirmó que nunca hubo una injuria contra Fleitas, sino que deja un precedente importante para la libertad de expresión garantizando el derecho a reclamar y protegiendo la acción gremial, un derecho fundamental para las trabajadoras y trabajadores”, expresó el SPP en un comunicado publicado tras la audiencia.
La absolución de Angie Prieto no es solo una victoria en sí misma, sino que toma aún más relevancia en un contexto de creciente criminalización del trabajo de lxs periodistas. Hace poco menos de un mes, Pedro Ovelar, representante legal del ex presidente del Paraguay y actual presidente del Partido Colorado Horacio Cartes, había expresado que medios de comunicación y periodistas deberán “rendir cuentas” a la justicia por haber publicado informaciones relacionadas al ex presidente en el marco de una causa penal que investiga una presunta persecución contra Cartes. Tras los reclamos encabezados por el SPP, el fiscal que tramita la causa aseguró que no investigará a periodistas, pero la preocupación se sostiene por la posición de poder que ocupa el ex mandatario.
La FIP junto a la FEPALC celebra el fallo a favor de la colega Angie Prieto, porque representa un reconocimiento a la lucha colectiva de las trabajadoras organizadas en defensa de sus derechos y de espacios de trabajo seguros y libres de violencia. No obstante, se mantienen en alerta junto al SPP ante el uso de los resortes judiciales para la persecución y amedrentamiento de periodistas y trabajadorxs de los medios de comunicación, tanto por parte de las grandes corporaciones mediáticas como de sectores de la política. Estas prácticas se encuentran en pleno crecimiento en toda la región, y tienen como objetivo la censura directa, mediante la restricción del derecho a la libertad de expresión de quienes son querellados, e indirecta, a través de la autocensura de quienes deciden no informar sobre ciertos temas por temor a represalias judiciales. Instamos a las autoridades a desalentar la aplicación de estos métodos, que son una afrenta a la libertad de prensa y al derecho a la información.
