El diario El Periódico es un caso testigo de cómo la judicialización de la labor periodística priva a lxs trabajadorxs de sus puestos de trabajo y a la población del acceso a la información. Debido a la crisis de financiación tras la detención de Zamora casi un año atrás, el medio despidió al 80% del personal, se imprimió por última vez el 15 de mayo pasado, y resistió en su versión online durante dos semanas tras las cuales cerró definitivamente, incrementando el número de desempleadxs en un sector tan precarizado como el periodismo. No sólo su fundador, José Rubén Zamora, fue condenado en un proceso irregular, sino que ocho integrantes del medio también enfrentan juicios. Julia Corado, ex directora de El Periódico, los columnistas Edgar Guitérrez y Gonzalo Marroquín Godoy, los reporteros Ronny Ríos, Denis Aguilar, Alexander Valdéz, Cristian Veliz y Gerson Ortiz son los ocho ex trabajadores de El Periódico que están bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.
En el marco del clima convulsionado en la prensa guatemalteca, la Asociación de Periodistas de Guatemala, junto con otras cinco agrupaciones, presentó un recurso de amparo que resultó favorable ante el Ministerio Público Fiscal, apelando al artículo 35 de la Constitución de ese país que resguarda la “Libertad de emisión del pensamiento”. Allí se especifica que “La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social”. Esta medida fue la respuesta que encontraron los colectivos a las acciones del gobierno, que utiliza el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para perseguir a lxs periodistas, exigirles que revelen sus fuentes e impedir las investigaciones que éstos realizan en favor del derecho a la información. El noveno artículo condena la “Obstrucción de la Justicia” a quien “Oculte información o entregue información errónea para el buen curso del proceso”.
De los 40 años que la fiscalía solicitó por el delito de lavado de dinero, José Rubén Zamora fue condenado a seis años de prisión efectiva y a una multa por 37500 dólares, el mismo monto que fue acusado de malversar. A su vez, fue absuelto de los cargos de “tráfico de influencias” y “chantaje”, cayéndose los argumentos de la fiscalía que acusaba a Zamora de financiar su medio con la extorsión a empresarios. Respecto al dinero, algunas fuentes señalan que se obtuvo por donaciones para sostener el medio y otras, que fue producto de la venta de una pieza de arte de su propiedad.
La Federación Internacional de Periodistas expresa profunda preocupación por la tendencia a amedrentar a lxs trabajadorxs y sus fuentes de trabajo mediante desgastantes juicios, que buscan intimidar y coaccionar recurriendo a acusaciones infundadas y figuras legales desmedidas, que resultan en el cierre de medios, dejando sin sustento de lxs comunicadorxs y dañando el derecho de los pueblos de acceso a la información.