Argentina: el presidente Javier Milei decretó medidas que avasallan los derechos laborales

Durante la noche de ayer, el mandatario argentino impuso por decreto y sin aval legislativo más de 300 modificaciones y derogaciones de leyes para desregular el mercado. Estas medidas flexibilizan las relaciones laborales a niveles inéditos en los 40 años de democracia, atacando no solo el marco regulatorio del trabajo sino el derecho a huelga de numerosos sectores, incluídos los medios de comunicación. Además, mediante este Decreto de Necesidad y Urgencia, convierte a todos los medios públicos en sociedades anónimas como antesala a la privatización. La Federación Internacional de Periodistas rechaza este ataque a los derechos de lxs trabajadorxs y acompaña a la Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa en el estado de alerta y movilización.

Movilización espontánea de ciudadanxs luego de los anuncios del presidente Javier Milei. Crédito: AFP / Luis Robayo

Cientos de leyes fueron modificadas o eliminadas durante la noche de ayer tras un decreto presidencial que impacta directamente en los derechos conquistados por la clase trabajadora argentina. Las modificaciones, que buscan desregular la economía, atacan artículos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la normativa central de regulación de las relaciones laborales. Las indemnizaciones por despidos sin causa se modifican, se reducen las licencias por maternidad, se extiende el período de prueba, se exime de castigo a los empleadores que no registren a sus trabajadorxs, entre otras.

El derecho a huelga también se ve fuertemente restringido, dado que este decreto impide que ciertos sectores puedan paralizar la producción, entre ellos las radios y emisoras de televisión. También habilita al despido sin causa de aquellxs trabajadorxs que participen de bloqueos en las instalaciones de las empresas en el marco de medidas de fuerza gremial.

Las empresas del Estado, entre ellas los medios de comunicación públicos, serán convertidos en sociedades anónimas para facilitar el proceso de privatización, lo cual afecta el derecho a la información. En ese sentido, se modifica también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desregulando la asignación de licencias para favorecer la concentración mediática.

La Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa (FATPREN) expresó en un comunicado que promoverá “todas las medidas necesarias para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de prensa, los medios públicos y el derecho a la comunicación”. “Asimismo, promoveremos y seremos parte activa de las iniciativas que desarrolle el movimiento obrero, convocadas por la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadorxs de la Argentina, para rechazar este Decreto presidencial que subvierte las relaciones del trabajo, ajusta sobre los sectores populares y entrega la soberanía nacional”, afirma la organización que representa a lxs trabajadorxs de prensa de todo el país.

 

Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, se refirió a este embate y afirmó que la organización “se encuentra en estado de alerta y movilización junto a todos los sindicatos de prensa del país”. “Vamos a articular con las centrales sindicales y con el movimiento obrero argentino para resistir a esta embestida contra los derechos de lxs trabajadorxs”, concluyó.

La Federación Internacional de Periodistas rechaza este ataque a la clase obrera, que se ve afectada no solo por las modificaciones a las leyes que regulan las relaciones laborales sino por el impacto que tendrán en el poder adquisitivo de lxs trabajadorxs las medidas económicas que también se incluyen en este decreto. También expresa su solidaridad a lxs trabajadorxs de los medios públicos y su acompañamiento al estado de alerta y movilización de FATPREN y todos los sindicatos de prensa del país. Este decreto, impulsado a espaldas de los órganos legislativos, tendrá un impacto inmediato en lxs trabajadorxs de los medios de comunicación, que sufren altos niveles de precarización. Sin trabajo digno no puede haber libertad de expresión. Sin trabajadorxs no hay derecho a la información.

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