Tras casi un año detenido sin juicio justo por el régimen de excepción declarado por el gobierno salvadoreño en 2022, el periodista Víctor Barahonda hizo público su caso junto a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en una conferencia de prensa realizada el 10 de julio, en la que denunció no solo su encarcelamiento sino las vejaciones a las que fue sometido durante su cautiverio. Acompañado por la presidenta de APES, Angélica Carcamo, y el abogado de la organización, Barahona afirmó que vivió en condiciones de hacinamiento con otros reclusos, que se le negó acceso a las medicaciones que necesitaba para sus cuadros de salud preexistentes y que se le negó atención médica adecuada cuando estuvo al borde de la muerte por una enfermedad contraída dentro de la cárcel.

Barahonda es un periodista local de la región de Apopa que al momento de su arresto trabajaba en Canal 29, Universal Cable y Radio Tu Onda Club. Previamente había desempeñado sus tareas en el Canal 77 de la zona norte de El Salvador, en el Canal 50 de Apopa, en el Canal 114 y en Noti Apopa.

“No quiero que esto se repita con ustedes”, afirmó Barahonda a sus colegas durante la conferencia de prensa. Si bien las acusaciones que pesan en su contra hablan de colaboración con las pandillas, desde APES infieren que puede tratarse de un caso de represalia por la labor informativa del periodista no solo porque no hay prueba alguna que confirme la acusación, sino también porque el comunicador realizaba un ciclo de entrevistas en el que expresaba críticas contra el gobierno nacional y su accionar durante los primeros momentos del régimen de excepción.

En un comunicado, APES condenó el “actuar negligente de las autoridades de justicia” e hizo un llamado a las autoridades para que “cesen de inmediato las capturas arbitrarias y si fundamentos de personas inocentes”. Desde que se implementó el régimen de excepción hace un año y cuatro meses, han sido capturadas y detenidas alrededor de 70 mil personas, las cuales tienen suspendidos derechos constitucionales mientras se mantenga la medida.

La Federación Internacional de Periodistas repudia lo sucedido con Víctor Barahonda y demanda a las autoridades que se retiren los cargos en su contra y se generen medidas de reparación para paliar los efectos psicológicos, físicos y laborales de su detención y encarcelamiento. El régimen de excepción no puede convertirse en una excusa para arrestar a periodistas que disienten con el discurso oficial y ni para afectar los derechos humanos de quienes son detenidxs. El Centro de Monitoreo de agresiones a trabajadorxs de prensa de APES registró 103 casos y 194 agresiones en contra de periodistas en lo que va de 2023. Las afectaciones a la libertad de prensa y el derecho de la población a recibir informción, en momentos de extrema crisis social, deterioran la vida democrática, por lo que la judicialización de la labor periodística debe ser rechazada y desalentada.