Más de 300 mujeres periodistas de 15 países de la región participaron de la encuesta realizada por la Federación Internacional de Periodistas entre septiembre y noviembre de 2023. Los resultados de este trabajo fueron volcados en el informe “Situación de las trabajadoras de prensa en América Latina y el Caribe”, que tiene como objetivo servir como insumo para el desarrollo de soluciones colectivas desde las organizaciones sindicales y profesionales que nuclean a las periodistas.

La palabra que define a las trabajadoras de prensa es pluriempleadas: cuatro de cada diez trabajadoras de prensa encuestadas tiene más de un trabajo en los medios de comunicación, y el 66,7% aseguró tener que recurrir a trabajos por fuera del ámbito del periodismo para poder complementar ingresos. Más de 60% de las colegas que respondieron la encuesta son cabeza de familia, es decir, sus ingresos son determinantes para el sostenimiento núcleo familiar. En términos salariales, la desigualdad dentro de los espacios de trabajo es alarmante: más de la mitad de las trabajadoras (52,82%) aseguró tener compañeros varones que perciben mayores salarios por el mismo trabajo.

Los problemas dentro de los espacios de trabajo no se limitan solo a cuestiones económicas: el 59% de las encuestadas afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de colegas y/o jefes varones, y el 55% asegura que en sus empleos no cuentan con herramientas como protocolos o guías de acción para el abordaje de estas violencias. Además, más de dos tercios de las trabajadoras que respondieron la encuesta afirman haber recibido cuestionamientos por su trabajo de forma diferenciada respecto de sus colegas varones. Las agresiones no se limitan solo al espacio laboral: más de un tercio de las periodistas (38%) sufrió agresiones o amenazas online o en las redes sociales vinculadas al género en relación con su labor periodística.

Tal como se enuncia en el informe, es necesario reconocer la existencia de la violencia hacia las periodistas y sus consecuencias como una problemática que afecta a la pluralidad de voces y por ende a las democracias en su conjunto. Tanto los medios de comunicación como las asociaciones y sindicatos de profesionales deben proveer a las periodistas espacios de trabajo seguros y ser garantes de su desarrollo profesional, que se ve afectado por la autocensura y demás estrategias adoptadas ante las agresiones recibidas. En este sentido, la concientización sobre el carácter público del problema y el énfasis en que no se trata de hechos aislados -y mucho menos “provocados” por las periodistas- resulta un primer paso fundamental para poder brindar un marco de contención colectivo a las trabajadoras de prensa.

Este trabajo, que contó con la colaboración de las organizaciones latinoamericanas afiliadas a la Federación Internacional de Periodistas y el apoyo de Union to Union, es un insumo fundamental para la búsqueda de soluciones colectivas por parte de todas las organizaciones sindicales y profesionales de la región. Sin espacios de trabajo seguros ni igualdad salarial para las trabajadoras de prensa, no puede haber libertad de expresión.