Los informes, difundidos a partir del 9 de junio desde el sitio The Intercept Brazil, revelan conversaciones privadas -recibidas de una fuente anónima- mantenidas entre fiscales del caso Lava Jato y el exjuez y actual ministro de justicia Sergio Moro; las cuales demostrarían una ilegal coordinación entre el juez y una de las partes para direccionar las etapas, pruebas y contenido del juicio que concluyó con la prisión de Lula.
Glenn Greenwald, periodista y abogado constitucionalista, es uno de los tres editores que cofundaron The Intercept, un medio digital creado con el objeto de contribuir a desentrañar, a partir del periodismo de investigación, distintos casos de corrupción, abuso de poder y/o de violación de derechos. Desde este medio y con la colaboración del mayor diario de Brasil, Folha de S. Paulo, y el mayor semanario, Veja, desde el día 9 de junio Greenwald se ha encargado de divulgar artículos basados en una serie de materiales de archivo inéditos –entre los que se encuentran chats privados realizados vía Telagram, documentos jurídicos y audios y videos- entregados por una fuente anónima y que probarían hechos de mala conducta, comportamiento no ético y engaño a la ciudadanía protagonizados por quienes tenían a su cargo la investigación y el juicio de los supuestos hechos de corrupción en torno al paradigmático caso Lava Jato, caso por el cual fueron encarceladas un centenar de personas incluyendo al expresidente Lula Da Silva.
La publicación de este material constituyó un verdadero escándalo en Brasil, dado que la relación entre el exjuez Sergio Moro (quien luego fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro como Ministro de Justicia) y el fiscal jefe del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, presentaría signos de ilegalidad por mostrar sugerencias e indicaciones del juez al fiscal sobre cómo y con qué plazos presentar estrategias, pruebas y pistas en la construcción del caso.
El caso de Lava Jato fue la investigación judicial que puso en prisión al ex presidente Lula da Silva el año pasado, impidiendo su postulación al cargo presidencial para el que era favorito. Entre las revelaciones de la investigación publicada por Greenwald, destacan intercambios entre el juez del caso y el fiscal general donde ambos diseñan estrategias y maniobras judiciales para prevenir cualquier posibilidad del retorno al poder del partido liderado por da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT).
A raíz de este esfuerzo investigativo, Greenwald y su compañero recibieron, según denuncias del periodista en una entrevista a Democracy Now, amenazas de muerte que incluyen referencias a información sobre su equipo de seguridad, domicilio, actividades de sus hijos y vida privada.
Paralelamente, y mientras Greenwald exponía ante el Congreso brasileño información sobre su investigación, la Policía Federal (bajo el mando del Ministro de Justicia Sergio Moro) solicitó al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) un informe sobre Greenwald en Brasil en un procedimiento administrativo que, si bien es legal, genera alarmas por el contexto general.
Permanentes ataques a la libertad de prensa
Brasil, tal como denuncia la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), se encuentra transitando por momentos de constantes ataques a la democracia, a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo profesional, siendo cada día más urgente debatir sobre el periodismo y su papel en la democracia. La actividad periodística es un instrumento democrático que permite a la población el acceso a información de interés público como la difundida por The Intercept, y el respeto a la privacidad y seguridad de las fuentes es un derecho constitucional que protege el derecho al acceso a esta información.
Pese a esto, el Ministro de Justicia Sergio Moro publicó una nota en respuesta al reportaje, declarando que “Sobre aquellos supuestos mensajes que me involucrarían, publicados por el sitio The Intercept este domingo 9 de junio, lamento la falta de indicaciones sobre las fuentes o persona responsable por la invasión criminal a los celulares de los fiscales. Así como la posición del sitio que no me ha contactado antes del a publicación, contrario a una regla básica del periodismo
“En cuanto a los contenidos de los mensajes que mencionan, no hay ningún signo de anormalidad o de que haya proveído direcciones como magistrado, a pesar de haber sido tomado fuera de contexto y a pesar del sensacionalismo de los artículos, que ignoran el esquema de corrupción gigante que fue revelado por la Operación Lava Jato”.
Del mismo modo, desde sus redes, el Ministro ha acusado al medio de ser un “sitio aliado a hackers criminales”
Como indicó Maria José Braga, presidenta de FENAJ, en una entrevista para Brasil de Fato, Greenwald y su equipo no sólo no cometieron ninguna irregularidad en la publicación de su investigación, sino que trabajaron en acuerdo a los procedimientos básicos de protección de las fuentes proporcionando un servicio valioso para el interés público: ayudaron a comprobar lo que antes era apenas una “deducción analítica”, esto es, la parcialidad del exjuez Moro.
Junto a FENAJ, defendemos el derecho constitucional inclaudicable de sostener la privacidad de la fuente periodística, considerándola como una forma de garantizar el ejercicio del periodismo y proteger la libertad de información. Consideramos, así mismo, que el trabajo de The Intercept Brasil y Greenwald está orientado a la divulgación de información de interés público, que revela relaciones inmorales e ilegales entre el procurador y el juez responsable del caso Lava Jato y de la condena del expresidente Lula.
Asimismo, la FIP exige el inmediato cese de toda presión política y policial contra Greenwald y su familia y la investigación del origen de los autores de las amenazas en su contra.