Luego de un largo debate en el Congreso Nacional mexicano, miembros del Poder Legislativo Federal decidieron votar por la eliminación de 109 fideicomisos que, hasta este ejercicio presupuestario, financiaban organismos y actividades relacionadas a la atención a víctimas de violencia, al cambio climático, la ciencia y tecnología, entre otros. Con el objetivo de poder ejercer una mejor revisión presupuestaria y obtener transparencia en el uso del dinero público -y tras distintas denuncias de opacidad y corrupción- estas acciones y programas serán solventados por asignaciones específicas y tendrán control directo del Estado.

Esta decisión, sin embargo, podría afectar negativamente el funcionamiento de programas clave para la democracia mexicana, como lo es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según ha declarado la Junta de Gobierno del Mecanismo (integrada, entre otros organismos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación), “el Fideicomiso continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, dado que “Desaparecer el Fideicomiso público tendría implicaciones negativas en el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos o la pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de las medidas ante situaciones de riesgo emergentes”.

La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación ante las advertencias lanzadas por Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e insta al gobierno mexicano a tomar medidas para poder dotar al Mecanismo de las herramientas económicas y de gestión necesarias para contener el peligro al que se encuentran expuestxs periodistas y defensores de derechos humanos en el país.