Tras un año de negociaciones entre los afiliados españoles de la FIP-FEP, -la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las Agrupaciones de Periodistas de CCOO y UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, y los grupos parlamentarios, se regulará el derecho al secreto profesional de los y las periodistas, recogido en el artículo 20 de la Constitución española. 

La tramitación del texto legislativo, conocido como Ley orgánica de protección del secreto profesional del periodismo, comenzó el 13 de diciembre en el Congreso de los Diputados, mediante una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Se espera que el texto legislativo, que garantiza que los y las periodistas no están obligados/as a revelar a ninguna autoridad o tribunal la identidad de sus fuentes u otros hechos o circunstancias que puedan conducir a su identificación, se apruebe durante el primer semestre de 2023.

“Aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando los contornos de la figura del secreto profesional del periodismo, siguen apareciendo de manera esporádica episodios que justifican la intervención directa del legislador, con el fin de consolidar la protección jurídica de que disponen los y las periodistas cuando protegen la identidad de sus fuentes,” han señalado los afiliados españoles en un comunicado conjunto.

“Además de fortalecer el buen periodismo, esta es una herramienta necesaria para la lucha contra la desinformación y las noticias falsas,” han añadido.

En un comunicado conjunto, la FIP y la FEP han declarado: “Celebramos esta noticia y felicitamos a nuestros afiliados españoles por su gran trabajo. Ningún periodista debe ser perseguido por proteger la identidad de sus fuentes. Que la ley contemple el reconocimiento del derecho de los y las periodistas a proteger sus fuentes es fundamental para garantizar la libertad de prensa, y para que los profesionales de la información puedan ejercer su profesión de forma plena.”