Luis Martín Sánchez Iñíguez, de 59 años, había desaparecido en Tepic, Nayarit, el 5 de julio y su familia sospechaba que había sido secuestrado. De su casa faltaba su computadora, un disco duro externo y su credencial de corresponsal del diario La Jornada. En el mismo municipio también fueron secuestrados y posteriormente liberados Osiris Maldonado, diseñador gráfico de La Jornada, y Jonathan Lora Ramírez, 38 años, colaborador de varios medios locales, ambos la misma semana. Esto enciende una alarma sobre la situación en la zona que requiere ser abordada con urgencia.
Según las autoridades, el cuerpo del comunicador fue hallado con signos de violencia en una bolsa junto a un mensaje que no fue aun revelado a los medios de comunicación, lo cual confirmaría que se trató de un asesinato relacionado a su labor periodística. Sánchez Iñíguez es el tercer corresponsal de La Jornada asesinado en los últimos años, luego de los crímenes de Miroslava Breach en marzo de 2017, y Javier Valdez en mayo del mismo año.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) expresó su condena a este nuevo asesinato y agregó que “demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y a la Fiscalía del Estado brindar protección inmediata a la familia de Luis Martín y coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) de México para llevar a cabo las investigaciones, bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.
La Federación Internacional de Periodistas acompaña las demandas de su organización afiliada y repudia enérgicamente esta nueva oleada de violencia que azota a Nayarit en particular y a México en general. La falta de garantías para que lxs periodistas ejerzan su labor de manera segura, daña de manera sistemática a la libertad de expresión y al derecho a la información del pueblo mexicano y por lo tanto afecta a la democracia. Es por esto que es imprescindible que los poderes del Estado intervengan de manera urgente y coordinada para prevenir nuevos crímenes y evitar la impunidad. La vida de miles de trabajadroxs de prensa del país depende de ello.