Las amenazas y hostigamiento a lxs periodistas, que cumplen la tarea de investigar y dar a conocer las relaciones entre los factores de poder y como éstos vínculos inciden en las condiciones de vida de las personas, han vuelto a tomar protagonismo en la vida política colombiana y se han registrado numerosos episodios en los últimos meses.
Hace pocos días, Manuel Mejía Ramírez, periodista radial del municipio de Uribia, denunció haber sido amenazado por medio de mensajes de texto y WhatsApp. “Lo que me acaba de suceder ahora podría tener sus orígenes en el trabajo que despliego en una estación radial del municipio de Uribia, donde vengo dando a conocer las problemáticas sociales que aquejan a la población en general, sumándole la divulgación de la inconformidad del pésimo servicio de energía que estamos recibiendo”, aseguró, afirmando que realizará la denuncia ante la Fiscalía. Además, recordó que en septiembre de 2022 fue agredido física y verbalmente, ocasión en la que también recurrió a las autoridades, pero lxs responsables no comparecieron a declarar ante la justicia.
A principios de agosto en Barrancas, otro municipio perteneciente al departamento de La Guajira al igual que Uribia, aparecieron panfletos con las caras de cinco periodistas. Bonato Solano, Astor Alarcon Fonseca, Reinaldo Gómez, Alex Sierra Parodi y Jorge Extrada fueron señalados como “objetivo militar” de un grupo autodenominado “Nuestro grupo armado de La Guajira”. Según trascendió, los comunicadores pertenecían al equipo de campaña de Vicente Francisco Berardinelli, candidato a la alcaldía del municipio por el movimiento Vamos Barrancas y el Partido Conservador.
El domingo 10 de julio Sebastián Nohra, uno de los periodistas de Blu Radio que elaboró una investigación por desvío de recursos destinados al Acuerdo de Paz, afirmó haber recibido dos llamados amenazantes que no iba a denunciar ante la Justicia por no tener esperanzas en obtener resultados. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado donde aseveró que abrió una investigación y que convocarán a Nohra para obtener su testimonio y buscar a lxs responsables.
En la región de Córdoba, donde en octubre de 2022 fue asesinado a balazos el periodista Rafael Emiro Moreno, seis periodistas denunciaron amenazas y dos debieron exiliarse. Tal es el caso de Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7, quien vincula el hostigamiento a haber tocado intereses del Clan del Golfo al publicar investigaciones sobre la minería ilegal en San Jorge. El comunicador fue amenazado en su domicilio por varios hombres, lo que lo llevó a abandonar Colombia junto a su familia. En la misma sub región de San Jorge, lxs periodistas Organis Cuadrado y Wálter Alvarez denunciaron hostigamientos, y las investigaciones realizadas no arrojaron novedades hasta el momento.
Una arista de este fenómeno es el acoso cibernético a mujeres periodistas, que quedó evidenciado en un informe realizado por la Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo. El organismo analizó las cuentas de la red social Twitter de 19 comunicadoras colombianas desde marzo de 2022 a marzo de 2023 y registró que recibieron 1084 agresiones. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, manifestó: “Hemos evidenciado la permanente y lamentable vulneración de derechos a la que se enfrentan las periodistas en su ejercicio profesional. Reiteramos que el acoso en línea a mujeres periodistas socava la libertad de expresión y afecta el funcionamiento de una prensa libre e independiente, vital para la democracia”.
FECOLPER dio a conocer un informe, con corte a abril de 2023, que registra por lo menos 30 afectaciones que involucran a alrededor de 40 comunicadorxs, puntualizando en cómo se ven vulnerados los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información ya que lxs comunicadorxs recurren frecuentemente a la autocensura para salvaguardarse y llamando al gobierno nacional a tomar medidas.
La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación y se mantiene en alerta ante las condiciones en las que lxs periodistas y comunicadorxs realizan su labor en Colombia, y exige a las autoridades una reacción urgente que derive en medidas que garanticen ejercicio seguro y libre del periodismo, y aseguren el derecho del pueblo colombiano a acceder a información fidedigna y veraz.
