Un tribunal polaco prorrogó por octava vez la prisión provisional de González el 15 de febrero de 2024, lo que significa que pasará hasta tres meses más en prisión, acusado de ser “un agente de la inteligencia rusa”.

"En Polonia no hay plazos máximos de detención. "La detención preventiva, incluso durante varios años, es habitual en casos importantes. Si alguien procede del extranjero, el tribunal suele reconocer que existe temor de fuga, que es uno de los motivos de la detención," apuntó el Sr. Bartosz Rogała a la FIP hace un año, cuando ejercía como abogado del periodista. 

Su esposa, Oihana Goiriena, ha denunciado en varias ocasiones las condiciones a las que está sometido el periodista en la cárcel. “Pablo está considerado como un preso peligroso, por lo que pasa 23 horas al día aislado en su celda y solo tiene permitido salir al patio del recinto durante una hora.” Creada por sus familiares y amigos, la Asociación #FreePabloGonzález ha criticado la falta de transparencia e información en torno al caso.

En la madrugada del 28 de febrero de 2022, González fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad Polaco (ABW) mientras informaba sobre la crisis humanitaria en la frontera entre Polonia y Ucrania, tras la invasión rusa. Especializado en el mundo postsoviético, el periodista era colaborador habitual del diario español Público, de la cadena de televisión La Sexta y el diario vasco Gara. 

Tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2023, Polonia tiene un nuevo gobierno cuyos planes para restaurar el Estado de derecho han sido bien recibidos por la UE. La FIP y la FEP esperan que el nuevo ejecutivo revise el caso de González y que la justicia polaca presente los cargos en su contra cuanto antes, si los hay, para que pueda defenderse.

"Es inaceptable que un Estado miembro de la UE detenga a un periodista de forma tan arbitraria. No sólo se están violando los derechos fundamentales de Pablo González como ciudadano y como periodista, sino también la libertad de prensa y el derecho del público a saber", reiteraron la FIP-FEP.

La FIP y la FEP piden a Polonia que respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos: "Toda persona arrestada o detenida (...) será llevada sin demora ante un juez (...) y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o en libertad a la espera de juicio".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha declarado: “Reiteramos nuestro compromiso para la liberación del periodista Pablo Gonzalez. Resulta intolerable que este periodista español continúe en las cárceles polacas, la mayor parte del tiempo incomunicado, tras dos años de su detención. Las contínuas prórrogas impuestas por las autoridades judiciales polacas de su prisión provisional hacen de su forzada retención una verdadera tortura”. 

La Agrupación de Periodistas de UGT ha pedido la inmediata puesta en libertad del periodista español. “Es intolerable que lleve dos años encarcelado, con acusaciones gravísimas y en espera de juicio. Solicitamos que el proceso se celebre cuanto antes, que tenga todas las garantías jurídicas propias de un estado democrático y que el periodista pueda defenderse desde la libertad.”

Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha afirmado: “La UE y el Gobierno español deben exigir a Polonia la inmediata puesta en libertad provisional de este periodista, que formule las acusaciones que tenga contra él para que pueda preparar su defensa y que tenga un juicio justo y con todas las garantías cuanto antes”.

Por su parte, la Agrupación de Periodistas de la FSC-CCOO ha remarcado: “No podemos entender que un Estado llamado democrático de la UE pueda mantener a un periodista en prisión durante dos años sin juicio y sin atender a las exigencias internacionales. Volvemos a pedir al Estado español que haga todo lo que esté en sus manos para obtener la liberación de González porque la libertad de prensa pasa también por defender las garantías legislativas que la amparan”.

El 8 de marzo de 2022, la FIP y la FEP presentaron una alerta a la Plataforma para la Protección del Periodismo del Consejo de Europa, que hasta la fecha no ha recibido respuesta de las autoridades polacas.