Hace algunos años, la entonces presidente del Consejo Ejecutivo del Sindicato Nacional de Periodistas para Irlanda, Mary Meher, y yo, fuimos convocados a un comité de comunicaciones del Parlamento.

A nuestra llegada a la Casa Leinster, conocimos a Michael D. Higgins, exministro de artes, cultura y lengua irlandesa, y el futuro presidente de la República de Irlanda. Higgins nos preguntó sobre el motivo de nuestra visita. Le explicamos que íbamos a dar nuestra opinión sobre los medios de comunicación de servicio público.

“Ah Mary”, advirtió el exministro, “te verán como la abogada defensora de ideas anticuadas”.

“El Covid-19 ha expuesto la fragilidad de la industria: las consecuencias de la falta de inversión”.

Las palabras premonitorias de Michael D vuelven a resonar ahora que la Comisión sobre el Futuro de los Medios evalúa el futuro no solo de la radiodifusión de servicio público, sino también en el periodismo de interés público.

El concepto de periodismo como un bien público sonar como algo pasado de moda, pero lo cierto es que en los últimos 12 meses ha emergido valoración renovada sobre la importancia del periodismo de calidad y profesional, y de la información proveniente de fuentes fiables.

Sin embargo, en un momento en el que el periodismo de interés público es más necesario que nunca, los medios se encuentran en crisis. Las empresas de medios de comunicación están luchando por sobrevivir y la prensa regional y local se tambalea. Al mismo tiepo, Facebook y Google siguen acumulando ingresos explotando el trabajo de aquellos/as trabajdores/as cuyo futuro precario debería ser la principal preocupación de la Comisión.

El Covid-19 ha expuesto la fragilidad de nuestro sector: las consecuencias de la falta de inversión y la falta de acciones para proteger la información de servicio público, el periodismo de interés público y la diversidad mediática.

Esta Comisión está encargada de trazar el futuro del periodismo de servicio público y de los “contenidos” de interés público que ofrecen los medios privados a través de todas sus plataformas.

“Ha llegado el momento de desafiar el tabú de que la aceptación del apoyo gubernamental, aunque esté regulado, comprometería automáticamente los estándares editoriales”.

En cualquier debate, el foco no debería estar en las plataformas en las que se difunde la información, sino en el periodismo mismo, un concepto que prefiero antes que “contenido”.

Los operadores públicos irlandeses RTÉ y TG4 proveen un servicio público de radiodifusión de calidad a pesar de la cobardía política para reformar su financiación y el sistema de obtención de licencias. Por otro lado, un sector privado vibrante en los medios de comunicación es importante para una democracia sana.

Ha llegado el momento de desafiar el tabú de que la aceptación del apoyo gubernamental, aunque esté regulado, comprometería automáticamente los estándares editoriales.

La propuesta del sindicato a la Comisión, ‘Periodismo, no es sólo negocio’, pide la creación de una agencia independiente, financiada con fondos públicos, que apoye el periodismo de interés público y tenga un papel de desarrollo y formación en todas las plataformas de los medios de comunicación.

Independencia editorial

El concepto de subsidiar a los medios es visto en algunos partes como una suerte de herejía. Muchos/as ciudadanos/as, incluyendo miembros del sindicato, temen de forma comprensible que las subvenciones del Estado puedan comprometer la independencia editorial. Estos miedos pueden abordarse mediante fórmulas y estructuras más transparentes.

No hay evidencia que sugiera que la ayuda estatal vaya en detrimento a la libertad de prensa o que esa financiación comprometa automáticamente el contenido editorial.

Hay bastantes ejemplos, como el think tank del Economic and Social Research Institute, donde la independencia editorial no se ha visto comprometida por la aceptación o dependencia de ayuda estatal.

La Comisión debería observar modelos internacionales como los de Suecia y Noruega, donde se reconoce que los medios de comunicación viables son esenciales para una democracia sana. Los subsidios públicos para la prensa fueron introducidos en 1969 en Noruega, donde la política de medios se basa en la Constitución del país, que recoge que es responsabilidad del Estado facilitar un debate público abierto y tolerante.

Del mismo modo, el artículo 40.6.1 de la Constitución de Irlanda apoya el derecho a la libertad de expresión y éste puede ser interpretado como una reivindicación del apoyo público a la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación.

En Irlanda, la financiación del Fondo para Medios de Comunicación ‘Simon Cumbers’ y el Fondo ‘Mary Raftery’ han mejorado el periodismo de interés público. Tambien el BAI Sound and Vision Fund se financia a través de la licencia de radiodifusión del Estado y de un sistema de tasas y ha permitido una radiodifusión independiente de alta calidad.

El sindicato NUJ siempre ha sido consciente de la posible influencia de la publicidad y el patrocinio comercial en el contenido editorial. También hemos vigilado la interferencia de los/as propietarios/as en los asuntos editoriales.

Líneas borrosas

Las líneas entre el contenido editorial y la publicidad se están borrando con mayor frecuencia, en parte como respuesta desesperada al desafío que imponen los gigantes tecnológicos a las fuentes de ingresos tradicionales.

Hay una fuerte presión de la industria para que haya más publicidad estatal y un tipo de IVA cero para los/as proveedores/as de noticias, pero también hay una aparente reticencia en algunos sectores a considerar siquiera un modelo de financiación transparente, con un consejo independiente y procedimientos claros.

Lejos de ser una amenaza, los flujos de financiación alternativos podrían ser un arma poderosa en defensa del periodismo ético y de interés público si se destinan específicamente a ese fin.

Este modelo también concedería subvenciones a los/as periodistas autónomos que, a diferencia de sus homólogos en los sectores del arte y el espectáculo, no han recibido ninguna ayuda especial durante la pandemia de la Covid-19.

No se pondría dinero público a disposición de las empresas que impongan despidos forzosos o nieguen el derecho de organización sindical.

El Estado debe abordar urgentemente la cuestión de los gigantes tecnológicos, que podrían ser una fuente de financiación para la formación y el desarrollo de los medios de comunicación. En este sentido, en 2020, el gobierno británico introdujo un impuesto sobre los servicios digitales que supone una fuente de ingresos alternativa.

El sindicato propone un impuesto de 6% sobre los gigantes tecnológicos, basado en el esquema del Reino Unido.

Los gigantes tecnológicos se benefician enormemente del uso de contenidos generados por los medios de comunicación y atraen usuarios, clics, visitas y publicidad de los medios tradicionales que los produjeron y a costa de su trabajo.

El periodismo no es solo un negocio y tenemos que asegurar, apoyar y sostener el periodismo de interés público en la radio y la televisión, en la prensa y en las plataformas digitales a nivel nacional y regional.

No tenemos que limitarnos a la historia para asegurar nuestro futuro.

Séamus Dooley es el secretario del Sindicato Nacional de Periodistas para Irlanda.