"Los medios de comunicación constituyen un canal fundamental para la participación de la sociedad en la que se desarrollan. Una ciudadanía activa y participativa requiere de un acceso a información veraz y de calidad que las instituciones públicas deben preservar y asegurar. Al respecto, los medios de comunicación públicos han venido cumpliendo una triple función a lo largo de su historia reciente: informar, formar y entretener.
Asimismo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que recoge el artículo 20 de la Constitución Española, encuentran en la radio y televisión pública uno de sus cauces principales. La existencia de medios de comunicación públicos que actúen con independencia, neutralidad y objetividad, es la garantía del derecho a la información y, por tanto, de la participación social fundamentada en la libertad y la capacidad para acceder a esos contenidos.
En la sociedad de la información, los medios de comunicación públicos cumplen una función esencial para el desarrollo de la democracia, el debate de las ideas y la participación de la ciudadanía. En este sentido, y a pesar de la irrupción y asentamiento de nuevas formas de comunicación, la radio y la televisión continúan siendo una necesidad y un baluarte en la conexión de proximidad con la sociedad. Una radiotelevisión basada en criterios de pluralidad, transparencia, independencia y en la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras es el mejor aval para conseguir esos objetivos.
La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, recoge en su preámbulo la pretensión de crear «un nuevo modelo de radio y televisión pública en Madrid, caracterizado por la transparencia, la pluralidad, la implantación de las buenas prácticas en el sector y del buen gobierno corporativo» y, además, asegura que el modelo debe ser «plural y aspirar a que la sociedad madrileña se sienta representada, tanto en su composición como en los contenidos audiovisuales que se programen, y para que, de manera permanente, se recojan las diversas sensibilidades sociales, tanto mayoritarias como minoritarias, sin discriminación por motivos ideológicos, políticos o de otra índole recogidos en la Constitución Española».
La defensa de los presupuestos recogidos en el preámbulo de la ley exige el rechazo de cualquier iniciativa encaminada a controlar y dirigir RTVM desde otras instancias. La existencia de una Radio Televisión de Madrid como entidad profesional y despolitizada esincompatible con su intervención directa por parte del Poder Ejecutivo, un hecho que se agrava cuando se conculca, además, la garantía constitucional de la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.
Por todo ello, nos parece innecesaria esta reforma de la ley 8/2015 y ratificamos la defensa de Radio Televisión Madrid como un servicio público esencial para la sociedad madrileña fundamentado en la pluralidad, neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, frente a losintentos de menoscabar su independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que presta."