El grupo de expertos en espionaje a periodistas de la FIP es un organismo formado por trabajadores/as y activistas de los sindicatos afiliados que supervisan y trabajan para combatir la vigilancia encubierta de los/as periodistas.
Damos a conocer ejemplos de trabajadores/as de los medios de comunicación que están siendo vigilados, animamos a los/as periodistas a adoptar prácticas defensivas y presionamos a los gobiernos y a los organismos internacionales para que creen condiciones en las que dicha vigilancia no sea legal, no sea posible, o ambas cosas.
El grupo está presidido por Tim Dawson, del Sindicato Nacional de Periodistas de Gran Bretaña e Irlanda (NUJ). Se puede contactar con él a través de la FIP.
En una reunión celebrada el 27 de julio de 2021, y como reacción a las recientes revelaciones sobre el uso del software Pegasus de NSO para espiar a los periodistas, el grupo de expertos adoptó la siguiente declaración. Trabajamos en su adopción por parte de los sindicatos de periodistas de todo el mundo y presentará esta declaración a los gobiernos nacionales y a los organismos internacionales en otoño de 2021.
Declaración del grupo de expertos en vigilancia de la FIP
"En el corazón del periodismo de calidad está la capacidad del periodista de garantizar a sus fuentes que pueden compartir su información de forma confidencial. Es así como los/as periodistas revelan burocracias ineficientes, crímenes ocultos y corrupción que socavan el buen gobierno.
Las sofisticadas herramientas de vigilancia ponen en peligro esta capacidad, ya sea voluntaria o involuntariamente.
La tecnología digital ofrece múltiples posibilidades para que los estados y otros violen las relaciones de confianza entre periodistas y sus fuentes. Esta tecnología permite acceder a los registros telefónicos o vigilar las comunicaciones electrónicas. Se puede copiar información histórica almacenada en plataformas digitales mientras que la tecnología de reconocimiento facial puede utilizarse para relacionar a individuos en la compañía de otros. La inteligencia artificial puede también usarse para reconocer patrones de contacto social.
Los derechos de los/as denunciantes deben estar recogidos en la ley. La legislación nacional e internacional debe ofrecer a los periodistas los medios para garantizar la discreción y privacidad en su trabajo. Cuando un organismo estatal pretenda obligar a un/a periodista a revelar sus fuentes de información u otro material obtenido profesionalmente, la solicitud debe ser pública y estar sujeta a supervisión judicial.
Por otro lado, los/as periodistas deben redoblar esfuerzos para proteger sus propios datos. Esto debe incluir el uso de varios teléfonos, como móviles prepago, que son menos susceptibles de ser pirateados por Pegasus, así como la adopción de técnicas para evitar que sus teléfonos tengan la capacidad de espiar todos sus movimientos y ofrecer un asiento en primera fila en sus reuniones más sensibles.
La FIP instará a sus sindicatos afiliados a organizar reuniones/seminarios de sus miembros en coordinación con otras profesiones relevantes para debatir el derecho a saber qué tipo de información está recogiendo su gobierno sobre sus ciudadanos/as, incluidos los/as periodistas, a qué escala y en base a qué legalidad y el alcance, significado o constitucionalidad de las leyes de vigilancia en su país.
Los gobiernos deben consagrar en su legislación nacional la inviolabilidad de las comunicaciones de los/as periodistas, tanto en abstracto como a través de leyes y reglamentos específicos, como los relativos al espionaje. Hay que resistirse a cualquier debilitamiento de estas protecciones.
Como grupo de expertos/as, nos pondremos en contacto con abogados/as, la profesión médica, los/as trabajadores/as sociales, contables y todas las demás profesiones que dependen de la confidencialidad profesional, y crearemos un movimiento mundial fuerte y coordinado para frenar los poderes de vigilancia incontrolados de nuestros gobiernos.
La comunidad internacional debe construir un régimen regulador que permita la inspección y regulación de todas y cada una de las organizaciones que suministran servicios que tienen la capacidad de socavar estas libertades críticas para la democracia."
