Surveillance of Journalists

The IFJ surveillance of journalists expert group is a body of officials and activists from affiliate unions who monitor and work to combat the covert surveillance of journalists.

We publicise examples of media workers being surveilled, encourage journalists to adopt defensive practices, and lobby governments and international bodies to create conditions where such surveillance is not lawful, not possible, or both.

The group is chaired by Tim Dawson, of the National Union Of Journalists In Britain and Ireland. He can be contacted via the IFJ.

At a meeting on 27 July 2021, and in reaction to recent revelations about the use of NSO’s Pegasus software to spy on journalists, the expert group adopted the following statement. It is seeking its adoption by journalists unions all over the world and will present this statement to national governments and international bodies in the Autumn of 2021.

IFJ Surveillance Expert group statement

“At the heart of much important journalism is the ability to guarantee sources that they may share information in confidence. It is by this means that reporters uncover inefficient bureaucracy, undetected criminality, and the corruption that undermines good governance.

Sophisticated tools of surveillance have the potential to undermine this, either by design or accident.

Digital technology provides multiplying possibilities for state agencies and others to undermine bonds of trust between journalists and their sources. Telephone records may be accessed. Electronic communications can be monitored. Historic information stored on digital platforms can be copied. Facial recognition technology can be used to link individuals in each others company. Artificial intelligence can be deployed to recognise patterns of contact.

The rights of whistleblowers should be defined in law. National and international law should also afford journalists the means to ensure discretion in their work. Where are state agency seeks to compel a journalist is legally required to disclose sources of information or other professionally obtained material, application should be in public and subject to judicial oversight.

Journalists must redouble efforts to safeguard their own data. This must include using multiple phones, including burnersthat are less susceptible to Pegasushacking, as well as adopting tradecraftto ensure that their phones do not have the potential to betray their every move and provide a ringside seat for their most sensitive meetings.

The IFJ will urge affiliate unions to organise meetings/seminars of its members in coordination with other relevant professions to debate the right to know what kind of information their government is collecting on its citizens including journalists, on what scale and based on what legality and the scope, meaning or constitutionality of surveillance laws in their country.

Governments must enshrine in domestic law the inviolability of journalistscommunications both abstractly and in the framing of specific laws and regulations such as those on domestic surveillance. Any dilution of such protections should be resisted.

As an expert group we will reach out to lawyers/barristers, the medical profession, social workers, accountants and all other professions that rely on professional confidentiality, and build a strong and coordinated global movement to rein in the unchecked surveillance powers of our governments. 

The international community must build a regulatory regime that allows the inspection and regulation of any and all organisations supplying products that have the capacity to undermine such critical freedoms.”

News

Mujeres periodistas en América Latina y el Caribe: entre el pluriempleo y la violencia

Una encuesta realizada por la Federación Internacional de Periodistas en América Latina y el Caribe evidenció la situación en la que se encuentran las trabajadoras de prensa en la región: el 66% debe recurrir a trabajos por fuera del ámbito de la comunicación para complementar ingresos, y más de la mitad aseguró tener compañeros varones que perciben mayores salarios por la misma tarea. Además, el informe revela que casi el 60% de las encuestadas sufrió situaciones de violencia motivada por el género por parte de colegas y/o jefes varones y un número similar afirmó que en sus lugares de trabajo no existen herramientas para abordar este tipo de situaciones. Este trabajo fue realizado con el apoyo de Union to Union.

Más de 300 mujeres periodistas de 15 países de la región participaron de la encuesta realizada por la Federación Internacional de Periodistas entre septiembre y noviembre de 2023. Los resultados de este trabajo fueron volcados en el informe “Situación de las trabajadoras de prensa en América Latina y el Caribe”, que tiene como objetivo servir como insumo para el desarrollo de soluciones colectivas desde las organizaciones sindicales y profesionales que nuclean a las periodistas.

La palabra que define a las trabajadoras de prensa es pluriempleadas: cuatro de cada diez trabajadoras de prensa encuestadas tiene más de un trabajo en los medios de comunicación, y el 66,7% aseguró tener que recurrir a trabajos por fuera del ámbito del periodismo para poder complementar ingresos. Más de 60% de las colegas que respondieron la encuesta son cabeza de familia, es decir, sus ingresos son determinantes para el sostenimiento núcleo familiar. En términos salariales, la desigualdad dentro de los espacios de trabajo es alarmante: más de la mitad de las trabajadoras (52,82%) aseguró tener compañeros varones que perciben mayores salarios por el mismo trabajo.

Los problemas dentro de los espacios de trabajo no se limitan solo a cuestiones económicas: el 59% de las encuestadas afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de colegas y/o jefes varones, y el 55% asegura que en sus empleos no cuentan con herramientas como protocolos o guías de acción para el abordaje de estas violencias. Además, más de dos tercios de las trabajadoras que respondieron la encuesta afirman haber recibido cuestionamientos por su trabajo de forma diferenciada respecto de sus colegas varones. Las agresiones no se limitan solo al espacio laboral: más de un tercio de las periodistas (38%) sufrió agresiones o amenazas online o en las redes sociales vinculadas al género en relación con su labor periodística.

Tal como se enuncia en el informe, es necesario reconocer la existencia de la violencia hacia las periodistas y sus consecuencias como una problemática que afecta a la pluralidad de voces y por ende a las democracias en su conjunto. Tanto los medios de comunicación como las asociaciones y sindicatos de profesionales deben proveer a las periodistas espacios de trabajo seguros y ser garantes de su desarrollo profesional, que se ve afectado por la autocensura y demás estrategias adoptadas ante las agresiones recibidas. En este sentido, la concientización sobre el carácter público del problema y el énfasis en que no se trata de hechos aislados -y mucho menos “provocados” por las periodistas- resulta un primer paso fundamental para poder brindar un marco de contención colectivo a las trabajadoras de prensa.

Este trabajo, que contó con la colaboración de las organizaciones latinoamericanas afiliadas a la Federación Internacional de Periodistas y el apoyo de Union to Union, es un insumo fundamental para la búsqueda de soluciones colectivas por parte de todas las organizaciones sindicales y profesionales de la región. Sin espacios de trabajo seguros ni igualdad salarial para las trabajadoras de prensa, no puede haber libertad de expresión.

Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

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