Durante la jornada del día 9 de enero, se registraron en todo Ecuador hechos de violencia armada por parte de grupos del crimen organizado tras la declaración del estado de excepción anunciado por el nuevo presidente, Daniel Noboa. Esta medida fue lanzada ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, que se profundizó en el último año y que tuvo impacto directo en las condiciones en las que realizan su labor lxs trabajadorxs de los medios de comunicación. Esto quedó evidenciado en el ataque a TC Televisión, en la ciudad de Guayaquil, en donde un grupo armado irrumpió en la transmisión en vivo del noticiero y obligó a lxs trabajadorxs que allí se encontraban a que continuaran con la programación para usar esa plataforma a fin de comunicar sus intenciones. Numerosxs trabajadorxs fueron tomadxs como rehenes, y tras más de dos horas de tensión fueron liberadxs y los responsables fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.
Hechos similares fueron registrados en Gama TV, en donde hubo secuestros de trabajadorxs del medio, los que fueron posteriormente liberadxs. Periodistas de otros medios de comunicación afirmaron haber recibido llamados intimidatorios de grupos del crimen organizado.
“Desde la FIP y la FEPALC repudiamos enérgicamente este hecho sin precedentes en Ecuador. Rechazamos el que lxs periodistas sean blanco de ataques, nos solidarizamos con nuestros colegas y demandamos se active de inmediato el mecanismo de protección a periodistas en todo el país de manera urgente”, expresaron Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FIP, y Álvaro Pan Cruz, presidente de la FEPALC.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) emitió un comunicado ayer en el que rechazan lo sucedido y hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales, instándolas a proporcionar seguridad al ejercicio periodístico. "Es imperativo garantizar condiciones seguras para que estos profesionales puedan llevar a cabo su labor, especialmente en un momento en el que mantener informada a la ciudadanía es esencial", expresó la organización. La FIP y la FEPALC acompañan a su organización afiliada en sus demandas.
En un contexto de alarmante violencia, en el que numerosxs periodistas han sido obligadxs a dejar el país o han sido víctimas de ataques fatales, es necesario que se activen de manera urgente los mecanismos de protección de la labor periodística. En momentos de crisis, el derecho a la información es fundamental para los sistemas democráticos, y lxs trabajadorxs de la comunicación deben poder realizar su trabajo de manera segura y esto debe ser garantizado por las autoridades.