Perú: equipo periodístico de América Televisión fue secuestrado durante varias horas

La Federación Internacional de Periodistas repudia el ataque del que fueron víctimas el reportero Eduardo Quispe Palacios, el camarógrafo Elmer Valdiviezo Castillo y el chofer Roel Cabrera Ruiz, quienes fueron retenidos durante varias horas y obligados a entregar material de trabajo a cambio de ser liberados. También se suma al reclamo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y exige la inmediata devolución de los elementos sustraídos y la detención de las personas responsables. Esta situación no es un hecho aislado, ya que la violencia contra trabajadorxs de prensa viene creciendo desde el último proceso electoral en 2021.

Captura de pantalla de la transmisión en vivo del momento en el que el periodista Eduardo Quispe Palacios es obligado a leer un comunicado a cambio de ser liberado.

El equipo periodístico del programa Cuarto Poder, que se emite por América Televisión, se encontraba trabajando en el distrito de de Chadín en la provincia de Chota, cuando fue secuestrado por miembros de las rondas campesinas. Los ronderos les sustrajeron los equipos de trabajo y los obligaron a emitir un mensaje en vivo en el que debían dar marcha atrás con una investigación que habían realizado sobre la hermana de la primera dama peruana a cambio de su liberación. El canal interrumpió su programación habitual para transmitir el comunicado que el periodista Eduardo Quispe Palacios fue obligado a leer como condición para ser dejados en libertad. Finalmente y luego de varias horas en cautiverio, tanto él como el camarógrafo Elmer Valdiviezo Castillo y el chofer particular Roel Cabrera Ruiz pudieron retirarse del lugar pero debieron entregar la cámara y las tarjetas de memoria en la que se contenía el material que habían registrado en el lugar.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), se refirió a lo sucedido: “Para la ANP lo que sucedió anoche reviste extrema gravedad, no puede bajo ninguna forma justificarse bajo los preceptos de la justicia ronderil. Para nosotrxs ha habido la comisión puntual de tres delitos: coacción, porque a este colega lo han obligado a leer un manifiesto para recuperar su libertad; secuestro, porque han sido retenidos por más de cuarenta personas de las rondas campesinas entre las 16:30 y las 21:30; y por último la sustracción de sus equipos y material de trabajo que todavía no les fue devuelto. El Ministerio Público debe actuar de inmediato. Es más, consideramos que anoche ya deberían haber sido detenidos en flagrancia a quienes han sido responsables de esos tres delitos, y demandamos una investigación inmediata y severas sanciones a quienes han atentado contra la integridad física de nuestros colegas, contra su libertad, y contra el derecho a la información de la ciudadanía. Los colegas estaban en esa zona del país realizando su trabajo periodístico, y uno puede ser crítico con las coberturas y eso es viable en un Estado democrático, pero de ninguna forma la violencia y la fuerza pueden utilizarse para coaccionar, intentar condicionar o expresar rechazo a una cobertura periodística que se haya hecho”.

 

Ante la gravedad de los hechos, el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, se expresó ante lo sucedido: “Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”.

La Federación Internacional de Periodistas sigue con preocupación el crecimiento exponencial de la violencia contra trabajadorxs de prensa en Perú, que se ha profundizado durante el proceso electoral de 2021 y no ha cesado desde entonces. También se solidariza con los colegas afectados y exige que se investiguen los hechos para dar con todos los responsables. Los ataques, amenazas e intervenciones judiciales se han convertido en moneda corriente, atentando contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de la población, lo cual puede significar un daño al sistema democrático. Es imprescindible que todos niveles del Estado intervengan para poner un freno a la situación.

 

 

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