México: la violencia y la impunidad quedan nuevamente al descubierto en los casos de Lydia Cacho y Erick Manzanilla Gómez

La periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho fue víctima de torturas en 2005 luego de exponer a una red de prostitución y pornografía infantil que involucraba a empresarios y funcionarios públicos. Este martes se dio a conocer la decisión de un tribunal que exoneró a uno de los principales acusados, y de esta manera abre las puertas a que se desligue de responsabilidades a otros involucrados en su secuestro seguido de vejaciones. Esta semana también se hicieron públicas las amenazas contra el periodista Erick Manzanilla y su familia, hechos que estarían perpetrados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) del Estado de Yucatán. Ambos casos exponen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran lxs trabajadorxs de prensa producto de la impunidad.

AGENCIA TÉLAM

Esta semana se conoció la decisión judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Estado de Quintana Roo, el cuál decidió conceder a José Kamel Nacif Borge un amparo que lo libera de responsabilidades en el secuestro y las torturas de la periodista Lydia Cacho en 2005. Nacif Borge es uno de los empresarios señalados por la investigación realizada por Cacho sobre una red de pedofilia y es también uno de los acusados de organizar, junto al ex gobernador de Puebla Mario Marín, el ataque contra la comunicadora. Esta decisión contradice todo lo actuado por la justicia hasta ahora, ya que en los últimos años, tras la lucha de Cacho y la disculpa pública que emitió el Estado mexicano en 2019, se había logrado reactivar la causa y se produjeron varias órdenes de detención contra los empresarios, los funcionarios públicos y los policías involucrados. También sienta un precedente peligroso para el resto de los acusados, que podrían ser beneficiados de la misma manera.

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) se expresó al respecto y sostuvo que “la determinación de la autoridad judicial es un aliciente para los crímenes de periodistas y defensores de derechos humanos y contribuye a perpetrar el clima de impunidad en México, país en el que 2020 los asesinatos de comunicadores fueron de al menos 19 y en lo que va del año 2021 asciende a 6 asesinatos más, todo ello en un clima de impunidad de más de 90 por ciento”.

En las últimas horas también se conoció la situación del periodista del medio Presidio Mx, Erick Manzanilla Gómez, quien denunció que desde marzo sufre amenazas que provendrían de la SPP del Estado de Yucatán, ya que identificaron que el teléfono desde el que se realizaron algunas de ellas, es uno que pertenecía al periodista y que había sido incautado por la SPP días antes. El comunicador también relató que tanto él como su familia sufrieron detenciones arbitrarias por parte de la policía, en las cuales se les hizo saber qué estaban siendo vigiladxs y que estaban al tanto de los sistemas provistos por el Mecanismo de Protección a Periodistas, en el cual está incluido el trabajador de prensa. Según Manzanilla, La frase textual que uno de los policías dijo al momento de retirarle el botón de pánico que se le asignó al periodista al momento de la detención fue “¿Y? ¿Te sirivió de algo?”.

El SNRP se refirió a lo sucedido y exigió que “la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y la Fiscalía General del Estado que tomen las acciones legales correspondientes para garantizar la seguridad de Manzanilla Gómez y de su familia. Las amenazas telefónicas que recibió Erick y su hijo, provinieron de un teléfono desde la SSP de Yucatán, pedimos al gobierno de esta entidad que identifique a los responsables de las llamadas y aclare públicamente los hechos”.

Estos hechos suceden a pocos días de los asesinatos de los comunicadores Abraham Mendoza y Ricardo Domínguez López, demostrando una vez más que la violencia y la impunidad en México son parte de la cotidianeidad en la vida de lxs trabajadorxs de prensa. Desde la Federación Internacional de Periodistas expresamos nuestro repudio ante el accionar de la justicia y las autoridades policiales en los casos de Lydia Cacho y Erick Manzanilla Gómez. Exigimos que se haga justicia y se garantice la seguridad de ambxs comunicadorxs, y que estos casos no se conviertan en un número más dentro de la escandalosa cifra de impunidad que rodea a la violencia contra periodistas en México.

Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

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