Roberto Toledo, abogado y periodista del portal Monitor Michoacán de 55 años, murió ayer cuando salía de su oficina en la localidad de Zitácuaro tras recibir al menos ocho disparos. El crimen fue informado por Armando Linares, director del medio para el cual trabajaba el comunicador. En el mensaje grabado que compartió en la página de Facebook del sitio, Linares dijo que el medio había recibido diversas amenazas en los últimos meses y afirmó: “hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a manos de tres personas que le dispararon de manera ruin, de manera cobarde”.
Toledo se desempeñaba como periodista y analista en Monitor Michoacán desde hacía tres años, en donde investigaba sobre temas de corrupción a nivel local, en la ciudad de Zitácuaro. También trabajaba en un despacho de abogados, que fue el lugar donde lo asesinaron.
Toledo es el cuarto periodista asesinado en México desde que comenzó el año, promediando una muerte por semana. Esta situación no pasó desapercibida en la sociedad mexicana, que la semana pasada se movilizó masivamente en todo el país en reclamo por los crímenes de José Luis Gamboa en Veracruz, y Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, ambxs en Tijuana. Hasta ahora no hubo detenciones en ningún caso, lo cual resulta alarmante pero no sorprendente, dado que la tasa de impunidad en los delitos contra periodistas es del 95%. Estas cifras convierten a México en uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo.
La Federación Internacional de Periodistas una vez más reclama una investigación inmediata para dar con las personas responsables por el asesinato de Roberto Toledo. Para eso es indispensable que se aplique el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión y que se indague en profundidad sobre las amenazas recibidas por él y sus colegas de Monitor Michoacán, a quienes se les debe garantizar protección efectiva. Los altos niveles de violencia que sufren lxs trabajadorxs de prensa en México, muchxs de ellxs de medios locales y comunitarios, son un ataque a la libertad de expresión y al derecho de esas poblaciones a estar informadas, lo cual pone en riesgo a la seguridad de lxs ciudadanxs y al sistema democrático. Esta situación no puede ser tomada a la ligera y debe haber una intervención urgente de las autoridades de todos los niveles de gobierno para evitar que se siga profundizando.