Las federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) se unen a sus afiliados españoles en la condena de estos hechos, que suponen una grave violación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. Este derecho es un pilar fundamental de la libertad de prensa recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y su violación supone un ataque al libre ejercicio del periodismo.
Según ha informado Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se personaron en la redacción de la agencia para exigir la entrega de toda documentación relacionada con el Caso Cursach en el marco de la investigación judicial de este caso. Los agentes, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la agencia y documentos relacionados con el caso. Además, impidieron que la periodista tuviera asistencia jurídica durante el registro.
Todos los afiliados de la FIP han rechazado esta actuación policial y han recordado la importancia de proteger el secreto profesional de los/as periodistas, además de mostrar solidaridad con los afectados y exigir la inmediata devolución de todo el material incautado.
El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, ha afirmado que "esta actuación policial supone una grave vulneración del secreto profesional de los periodistas, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en todas las legislaciones democráticas sobre libertad de información". Yanel ha mostrado también su solidaridad con los compañeros y compañeras de los medios afectados "a los que apoyamos en todas las acciones que quieran emprender para defender sus derechos profesionales y constitucionales".
Por su parte, la FAPE ha condenado los hechos y ha denunciado que “los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca no están obligados a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo”.
La Agrupación de Periodistas de CCOO ha afirmado que “el secreto profesional no es un capricho de un gremio sino que es la base fundamental sobre la que se sustenta la relación de confianza entre los periodistas y sus fuentes, cuya protección es imprescindible para garantizar que puedan suministrar informaciones de indudable interés público, y que de otra forma no serían conocidas por la ciudadanía”. Además, ha recordado la urgencia de afrontar reformas legislativas para acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”).