En la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa salvadoreña, la vicepresidenta del cuerpo, Suecy Callejas, solicitó someter a discusión la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, una solicitud que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta obtenida por el partido oficialista (Nuevas Ideas) en las elecciones del pasado mes de febrero. Inmediatamente después de la destitución de lxs jueces, el oficialismo avanzó en la elección de sus reemplazos (nuevamente, con los votos de la mayoría absoluta del oficialismo).
En las redes sociales de la Asamblea, quedó asentada la posición de la mayoría parlamentaria al momento de la discusión.
A su vez, el presidente de la Nación, Nayib Bukele, celebró en sus redes sociales la decisión de la Asamblea.
De inmediato, distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de estos atropellos. En un comunicado difundido el pasado 2 de mayo, se refirieron a un “golpe de Estado avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC”, y en consecuencia convocaron a la ciudadanía a “defender activamente sus derechos a una vida en democracia y a una justicia independiente”.
Desde su asunción, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria manifestada, entre otras cosas, en su intolerancia hacia las voces críticas del periodismo.
De acuerdo al último informe presentado por el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en el marco de las acciones realizadas por el Dia Internacional por la Libertad de Expresión, se registró un incremento de las agresiones durante 2021. Las vulneraciones más frecuentes fueron declaraciones estigmatizantes hacia el periodismo y restricciones selectivas en el acceso a la información pública, y en la mayoría de los casos provinieron de autoridades públicas como la Policía Nacional Civil y funcionarios del gobierno.
Por su parte, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), declaró durante un acto por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que “lo ocurrido el 1 de mayo es lamentable. Nosotros condenamos este tipo de acciones como gremio. En el marco de un estado democrático se debería trabajar acorde a los principios que establecen cada una de las instituciones. Se incumplió el orden inconstitucional.” (…) “La libertad de expresión va en detrimento, nosotros no descartamos llegar a escenarios donde en los próximos días se den persecuciones a medios de comunicación, que se empiece a amedrentar a los medios privados por no responder a las líneas [del gobierno], que pueda haber despidos y persecución a periodistas. Esto ya existe, de por sí… No descartamos que pueda haber ejercicio de presión, llevarse presos a compañeros sin justificación, agresiones físicas y, ojalá que llegue a suceder, que tengamos escenarios incluso de asesinatos”.
Desde la Federación Internacional de Periodistas, expresamos nuestra preocupación ante las denuncias de presión a medios de comunicación y periodistas, en un contexto de deterioro de las condiciones de libertad de expresión y de una fuerte disminución en la pluralidad de voces. Asimismo, reafirmamos el especial apoyo a nuestra organización afiliada APES, así como a toda iniciativa destinada a la protección de lxs trabajadorxs de prensa.