En los primeros cinco meses de 2022, que fueron la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, se registraron al menos 84 casos de amenazas que afectaron a 97 periodistas y medios de comunicación, lo cual significó un incremento del 59% respecto del mismo período de 2018, en la previa a los comicios que llevaron a Iván Duque a la presidencia. El informe elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa asegura que producto de esta situación, en lo que va del año por lo menos seis de esos casos han derivado en exilios y desplazamientos forzados.
De acuerdo con el reporte, 37 amenazas se dieron a medios o periodistas de medios digitales y 30 a emisoras radiales,17 de ellas comunitarias. Un caso paradigmático fue el de las seis radios comunitarias que se vieron obligadas a salir del aire durante el paro armado organizado por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño a principios de mayo de este año. Ante la exigencia del grupo criminal para que las emisoras locales difundieran un panfleto anunciando el paro, las radios comunitarias definieron no realizar ninguna transmisión como medida de autoprotección. En ese mismo contexto, se tuvieron que cerrar plantas transmisoras y trabajadorxs de prensa sufrieron amenazas y hostigamientos por realizar su trabajo.
En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con la cobertura periodística del conflicto armado colombiano, En segundo lugar se ubica la investigación de casos de corrupción, y le siguen seguridad, elecciones y manifestaciones sociales.
En un país que en el último año ha registrado altos niveles de violencia contra lxs trabajadorxs de prensa que realizaron la cobertura del estallido social que se produjo tras el Paro Nacional (links notas paro nacional) de 2021, la condiciones de seguridad durante un proceso electoral polarizado son un tema de preocupación. La Federación Internacional de Periodistas exige que se proteja la integridad de periodistas y trabajadorxs de los medios de comunicación, y que de esta manera se garantice la libertad de prensa y el derecho de la población a recibir información, que es indispensable en este contexto definitorio para el futuro de la sociedad colombiana.