En noviembre de 2019, Sebastián Moro fue encontrado moribundo en su departamento en la ciudad de La Paz en Bolivia, donde vivía desde hacía dos años. Pocos días antes, al mismo tiempo que se consolidaba el golpe de estado en aquel país, su familia perdió contacto con él. Fue internado en un hospital del barrio de Miraflores pero el 16 de noviembre finalmente falleció. Las autoridades quisieron culpar al periodista por su propia muerte, aduciendo que había tenido un accidente producto del consumo de alcohol, pero las pruebas texicológicas lo desmintieron. Un médico externo que lo pudo revisar, aseguró que Sebastián tenía marcas en su cuerpo consistentes con signos de tortura.
Moro se desempeñaba como colaborador en el diario argentino Página/12, en el periódico Prensa Rural y en la radio de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Estos últimos dos medios sufrieron las consecuencias del golpe de estado cuando su director, José Aramayo, fue encontrado amarrado a un árbol para ser linchado. Antes de radicarse en Bolivia, el periodista vivía en la provincia argentina de Mendoza, en donde se dedicaba a darle cobertura a los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaban contra civiles y militares que participaron activamente de la dictadura militar y sus consecuentes violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
Al día de hoy la causa judicial iniciada por la familia de Moro se encuentra estancada por la falta de compromiso de la fiscal que lleva adelante la investigación en Bolivia. Es por este motivo que decidieron iniciar una campaña internacional para exigir el esclarecimiento de la muerte de Sebastián. Dicha campaña fue lanzada hoy, y entre las iniciativas que impulsa se encuentra la recolección de adhesiones de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Desde la Federación Internacional de Periodistas nos solidarizamos con la familia de Sebastián Moro y exigimos que se investigue en profundidad para esclarecer las circunstancias de su muerte y confirmar si la misma está efectivamente vinculada con su labor periodística y a su cobertura sobre los avances antidemocráticos que precedieron al golpe de estado en Bolivia. Con impunidad no puede haber libertad de expresión.