Tras la publicación de unos audios en los que se oye al presidente de Perú, Martín Vizcarra, conversar con una secretaría sobre lo que sería un posible caso de corrupción en el que el mandatario estaría implicado, la Federación Internacional de Periodistas insta a las distintas expresiones de las autoridades peruanas en sus tres poderes a seguir los lineamientos institucionales que marca la Constitución para encauzar este acontecimiento de manera tal que no afecte el estado de Derecho ni las vías que la democracia prevé para este tipo de procedimientos y para su tratamiento por parte de la prensa.
En este sentido, nos manifestamos en línea con el comunicado de más de 100 organizaciones de la sociedad civil peruana que incluye a nuestrxs afiliadxs de la Asociación Nacional de Periodistas de ese país (ANP). El documento afirma: “La institución Presidencial se encuentra protegida por la Constitución y la figura del antejuicio, razón por la que cualquier presunto delito debe ser investigado al finalizar el mandato presidencial y continuar -en caso existan fundamentos- por la vía penal. El Congreso debe ser respetuoso de los mecanismos constitucionales y muy cuidadoso con promover una vacancia presidencial sobre una figura sin parámetros, rompiendo el equilibrio entre poderes, abonando a la inestabilidad social y democrática y profundizando la crisis”.
Asimismo, destaca: “El 8 de julio pasado el Presidente Martín Vizcarra convocó a las próximas elecciones generales para el 11 de abril del 2021. Estas elecciones deben ser limpias y transparentes. Compete al Congreso de la República continuar con la reforma política-electoral, asegurando que los plazos para la renovación de poderes se cumplan, que los cambios para tener elecciones limpias y transparentes estén garantizados y que las medidas para que el país alcance una representación nacional proba e intachable sean aprobadas. Le recordamos al Congreso que los plazos para estos cambios finalizan este 28 de septiembre”.
La FIP sostiene, además, que la vigencia y el respeto de los derechos estipulados en la Constitución peruana son la base para la vida en sociedad y, por supuesto, para el libre ejercicio del periodismo, un factor clave para que la población del país se mantenga informada en un momento que ya era crítico a nivel sanitario y ahora lo es a nivel institucional.