El editorialista Hélio Schwartsman y el caricaturista Renato Aroeira fueron imputados por jueces brasileños en base a los postulados de la Ley de Seguridad Nacional, un texto judicial acuñado por la dictadura militar brasileña, que lo utilizó para perseguir y apresar personas que disentían públicamente con el régimen.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que reúne a más de 600 mil trabajadorxs de prensa en todo el mundo, rechaza esta manipulación del Derecho y esta apelación a figuras legales propias de un régimen dictatorial por entender que configuran un proceder nocivo para las libertades individuales, la libertad de expresión, el derecho al ejercicio libre de la prensa y la vigencia del Estado de Derecho.
El artículo 26 de la mencionada ley prevé la pena de 1 a 4 años de prisión para quien “calumnie o difame al Presidente de la República, al Senado Federal, a la Cámara de Diputados o al Tribunal Supremo, imputándoles un hecho tipificado como delito o hecho ofensivo para la reputación ”.
La FIP, en consecuencia, insta a las autoridades del país sudamericano a garantizar los derechos de su población y de sus trabajadorxs de prensa y recuerda que, a lo largo del tiempo, perseguir las posturas críticas, como las de Schwarstman y Aroeria, sólo ha servido para agravar la imagen histórica de los gobiernos que quedan en la posteridad únicamente por oprimir y censurar.
