Tras advertencias e intervenciones, se modifica por decreto la Ley de Medios en Argentina

La Federación Internacional de Periodistas denuncia y alerta sobre las modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo de la República Argentina, a cargo de Mauricio Macri, a la legislación de medios de comunicación vigente, en un hecho que pretende desarticular una ley que fue debatida, desarrollada y sancionada democráticamente por el Congreso de la República con el aporte de organizaciones sociales, comunitarias, académicas y de los trabajadores.

Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Argentina, anunció el día de hoy en conferencia de prensa la modificación por decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como “Ley de Medios”) y la Ley de Tecnologías de la Comunicación a través de tres puntos fundamentales:

- La disolución de AFSCA y AFTIC y la creación de un Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Estos organismos ya habían sido intervenidos anteriormente (para más información, clic aquí).

- Quite de “cepos a la industria” para el fomento de un contexto de competencia. De este modo, se desregularía la propiedad de licencias.

- Creación de una comisión bilateral en el Congreso de la Nación para discutir la modificación de la totalidad de la normativa vigente.

En la rueda de prensa posterior al anuncio, el Jefe de Gabinete expresó que “la desconcentración o concentración [de los medios de comunicación] no tiene que ser el objetivo central, sino que éste tiene que ser la pluralidad, la competencia, la apertura y, al mismo tiempo, en el marco de un sector más amplio, la inversión y la mejora de servicios”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una normativa sancionada por el Congreso de la República luego de un proceso iniciado con el retorno de la Democracia en Argentina y gracias a la iniciativa de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Pese a los intentos de grandes grupos de medios, la constitucionalidad de la norma -que hoy deja de funcionar en la mayoría de sus puntos centrales- había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

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