La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a 600.000 periodistas en todo el mundo, se solidariza con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y con Santiago Ortiz, Secretario General de la organización, ante la detención arbitraria que sufrió el día 25 de mayo por parte de la Policía Nacional paraguaya.
Santiago Ortiz fue interceptado por agentes policiales de la Comisaría 2ª Metropolitana mientras transitaba en la zona del Barrio Obrero (Asunción), quienes requirieron su documentación personal de identificación y al no encontrarla, intentaron despojarlo de sus efectos personales para luego ingresarlo en un patrullero y llevarlo a la comisaría. Luego de ser liberado por el accionar de abogados de derechos humanos, el periodista denunció malos tratos y violencia por parte del personal policial.
Representantes de la comisaría justificaron la detención del periodista por la no exhibición de la documentación personal al momento de ser requerida y el control por encontrarse en una “zona conflictiva” de la ciudad de Asunción.
La constitución nacional paraguaya, en su artículo 12, establece que “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”. Del mismo modo, la ley nacional no prevé penas para quienes no cuenten con su identificación al transitar por la vía pública.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay ha exigido la sanción a los oficiales involucrados en el hecho, denunciando que este tipo de prácticas son arbitrarias y que no deben seguir sucediendo.
En un comunicado publicado el día de la detención, la organización sindical sostuvo que “Cabe preguntarse, más allá de saber que esta es la manera en que la policía se maneja con los ciudadanos de a pie, sobre la intencionalidad de la detención. Nos permitimos sospechar de esta práctica y haremos responsable al gobierno del presidente Horacio Cartes de no aplicar las sanciones necesarias contra los policías y su ente rector, el Ministerio del Interior, por este claro acto de amedrentamiento, inaceptable en una democracia que se precie de tal”.
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