La FIP se une a su afliado FEPALC en su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Centroamérica

Desde el inicio del año 2015, han sido víctimas de atentados contra su vida seis periodistas centroamericanos. El domingo 15 de marzo se produjo el asesinato del tercer comunicador guatemalteco en una semana, en lo que constituye un preocupante aumento de la violencia contra los periodistas y contra la libertad de expresión. En un contexto de inestabilidad, violencia e impunidad, Centroamérica ha sido desde el comienzo de este año el escenario de renovadas muestras de crímenes dirigidos a acallar la voz de la prensa. Particularmente, Honduras y Guatemala han sido escenario de graves episodios. En toda la región centroamericana, coexisten sectores de poder político y del crimen organizado que, por separado o en comunión, atentan contra los periodistas que desnudan actos de corrupción y denuncian responsabilidades, amparados en la mayoría de los casos por un sistema judicial que no avanza sobre las investigaciones (en todos los países hay una tasa de impunidad superior al 95%) o que desliga la profesión periodística como móvil de los crímenes. Atentados contra la libertad de expresión en Honduras Según distintos informes e investigaciones, Centroamérica se encuentra entre las regiones más violentas del mundo, siendo Honduras el país sin presencia de conflictos armados más violento del mundo. A fines del año 2014, este país arrojaba una tasa de catorce asesinatos por día, siendo los periodistas un grupo especialmente vulnerable por su rol de permanente denuncia del narcotráfico y de la presencia de maras en el país. En este contexto, fueron blanco de atentados contra su vida desde comienzos de este año: Carlos Fernández, periodista y miembro activo de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos), asesinado al finalizar la transmisión de su programa noticioso Erick Arriaga, operador de Radio Globo, asesinado de varios disparos en febrero Héctor Madrid, del Canal 35 de Tocoa, quien salvó su vida luego de que fallara el arma del sicario que tenía encargado su asesinato. Del mismo modo, se han producido desde comienzo de este año numerosas amenazas con el objeto de amedrentar a los periodistas y lograr la autocensura. Asesinatos en Guatemala “Tengo miedo, el ambiente está muy cargado”, habría dicho el periodista Danilo López –según medios periodísticos a la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) poco antes de ser asesinado el día 8 de marzo. Guatemala cuenta con un programa de protección y una Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, cuya función es investigar aquellos crímenes dirigidos contra comunicadores. En ambos países la creación de estas herramientas no ha significado una reducción de los crímenes ni la baja de la tasa de impunidad que hay sobre ellos. En un país marcado por conflictos sociales de larga data y la existencia de fuertes grupos de crimen organizado, y en medio de las tensiones y cambios que implican un año electoral como el 2015, los comunicadores que se encargan de denunciar la corrupción y el delito se convierten en un claro objetivo de la violencia organizada. Fueron silenciados en Guatemala entre el 8 y el 13 de marzo Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, Danilo López, de Prensa Libre y Giovanni Villatoro, camarógrafo del Noticiero de Intercable. En declaraciones a medios de comunicación, sus compañeros señalaron que los responsables de estas muertes pueden encontrarse tanto entre los integrantes de mafias y maras como entre las filas de autoridades locales, con razón de silenciar a los periodistas o extorsionar a los medios donde trabajan. Desde la FEPALC y la FIP, nos unimos al repudio internacional a estos desmedidos intentos de acallar la verdad y perpetuar la impunidad, preocupados por los alermantes sucesos y exigiendo a los gobiernos nacionales la ejecución de medidas inmediatas para asegurar un adecuado clima de seguridad que permita el ejercicio de la actividad periodística. Resulta impresindible para el orden democrático el completo y libre ejercicio de los derechos constitucionales y debe ser compromiso del poder político segurar las garantías para que los mismos puedan practicarse. Demandamos, por tanto, el fin de las amenazas, agresiones y la impunidad en los crímenes contra los periodistas.