La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ve con preocupación el contenido del Protocolo de Seguridad presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que solamente contempla la participación de organizaciones patronales y deja por fuera la representación de trabajadores.
El Protocolo, presentado el 30 de septiembre, está destinado a establecer las medidas y procedimientos a ser implementados por las fuerzas policiales y de seguridad con el objeto de garantizar la actividad periodística en Argentina y exige para su ejecución la entrega del material de investigación en curso al Ministerio de Seguridad, FOPEA o ADEPA.
Según la resolución, publicada el 6 de octubre en el Boletín Oficial, el mecanismo o protocolo de protección pretende establecer medidas de carácter preventivo a favor de los periodistas que se hallen en riesgo por causa de investigaciones vinculadas a delitos de interés federal. La organización patronal ADEPA y la no gubernamental FOPEA serían las encargadas de formar una comisión para la evaluación del riesgo, con el objeto de colaborar con el Ministerio de Seguridad en la determinación del tipo de medida preventiva a tomar. Cabe destacar que, en caso de adherirse al protocolo los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, ambas organizaciones serían las encargadas de velar por y garantizar la confidencialidad de la investigación y de las fuentes.
Para la aplicación del protocolo de seguridad, el o la periodista que desee solicitar medidas de protección deberá otorgar información, documentación y pruebas para acreditar la situación de riesgos a cualquiera de los organismos que elaboraron el protocolo. Inmediatamente, el pedido sería girado al Ministerio de Seguridad para su asentamiento en actas y luego girado a una “Comisión para la Evaluación de Riesgos de la Actividad Periodística” (integrada por dos miembros de FOPEA y ADEPA, respectivamente) para evaluación del caso. Una vez elaborada la recomendación, en base a una “Matriz de riesgo” a ser elaborada conjuntamente por los mismos tres organismos, el Ministerio de Seguridad deberá resolver la aplicación del mecanismo.
La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por más de 40 sindicatos de prensa de todo el país, declaró en un comunicado de prensa que “el gobierno nacional debería saber que para reducir riesgos en situaciones de conflicto, es mejor una adecuada capacitación, un conocimiento del contexto y que las empresas provean las condiciones y elementos de trabajo adecuados. Y si el riesgo, la amenaza, la agresión aparecen, los trabajadores de prensa deben acudir a la Justicia, no a las fuerzas de seguridad”. Señaló además que “los trabajadores de prensa han sido los auténticos convidados de piedra, ignorados e invisibilizados por las empresas nucleadas en ADEPA y por FOPEA, entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores”.
La FIP, organización que representa a 600.000 trabajadores y trabajadoras de prensa en todo el mundo, expresa su preocupación por la difusión de un protocolo de seguridad que impone la discrecionalidad del otorgamiento de medidas de protección (a consejo de dos entidades no gubernamentales), terciarizando lo que es un deber del Estado Argentino.
Resulta, además, fundamental que los y las trabajadores y trabajadoras posean representación en los espacios de discusión sobre medidas que atañen a su propia seguridad, para la elaboración de políticas congruentes con los riesgos de la profesión y acordes a la realidad del país.
Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16
La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 140 países