Alerta sobre amenazas a la democratización de la comunicación en Argentina

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya la solicitada emitida el día 12 de diciembre por la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina – COSITMECOS, confederación que integra su afiliado FATPREN, donde se denuncia la amenaza que sufre la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios, como se la conoce popularmente), es una iniciativa legislativa aprobada en el año 2009 por el Congreso Nacional Argentina e impulsada por numerosas organizaciones sociales, académicas y del sector de los trabajadores. Esta alianza de fuerzas sociales, entre las cuales se encuentra COSITMECOS, se encuentra organizada desde el retorno de la Democracia en la búsqueda de generar los mecanismos para limitar la concentración de medios en grandes corporaciones y abrir el espectro de radiodifusión a la participación de medios alternativos y comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, pueblos originarios y universidades.

La Ley de Medios, en su vigencia actual, prevé la creación de organismos tales como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, AFSCA y la Defensoría del Público, a la vez que regula el funcionamiento y distribución de las licencias de los medios de comunicaciones del país, limitando la acumulación de las mismas y la propiedad cruzada de medios. Además, se reserva el 33% del espectro a organizaciones sin fines de lucro.

Posteriormente a la sanción de la legislación, el Grupo Clarín, uno de los mayores grupos económicos y mediáticos del país, se presentó ante la justicia argentina con pedidos de inconstitucionalidad de la ley para evitar su adecuación a la misma, reclamos que se extendieron hasta que en el año 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró su correspondencia con la Constitución Nacional. Con este fallo, se inició el proceso de aplicación efectiva de la ley y se establecieron plazos para que todas las empresas de medios se adecúen a ella, debiendo algunos grupos económicos desprenderse de licencias.

A dos años de la declaración de constitucionalidad de la ley, en declaraciones realizadas a la emisora radial de Cadena 3, el titular del recientemente creado Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad sostuvo que a partir de ahora "Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños, pero la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno".

Del mismo modo, el gobierno electo pidió que el titular de AFSCA, Martín Sabbatella, renuncie a su cargo pese a que la ley prevé mandatos de cuatro años de duración con inicio a la mitad del mandato presidencial. Según Hernán Lombardi, a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, "Las leyes que previeron que haya un desfasaje de algunos mandatos tienen su lógica, eso hace al equilibrio de fuerzas en un sistema republicano. El problema es que estos funcionarios no honraron sus cargos y se transformaron en funcionarios militantes. El Gobierno va a tomar todos los resortes para llevar adelante las misiones para las que fue elegido”. Por su parte, el Ministro de Comunicaciones manifestó “Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del Presidente. Es tan absurdo. Estamos viendo si la semana que viene solucionamos este problema”.

La Federación Internacional de Periodistas alerta los riesgos de un franco retroceso en la democratización de la palabra ante la posibilidad de una modificación de la normativa vigente que implique la desregulación de la concentración de medios.

La concentración de medios, en toda la región latinoamericana, significa la limitación al derecho a la información y a la pluralidad de voces. Resulta fundamental diferenciar la libertad de prensa de la libertad de empresa, toda vez que la desregulación de los medios de comunicación y el pleno arbitrio de las reglas del mercado en el sector conllevan la generación de grandes empresas mediáticas; las cuales terminan por concentrar no sólo las voces sino los puestos de trabajo, limitándose finalmente la libertad de expresión de los trabajadores de la prensa y de la sociedad en su conjunto.

 

Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 139 países

Sigue a la FIP en TwitterFacebook