Cuando el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, al poco tiempo de asumir su cargo, comenzó a nombrar funcionarixs públicxs, periodistas de los medios Caras y Caretas y La Diaria informaron que la designación de la referente Pilar Silvestre había sido suspendida por acusaciones de usos indebidos de dinero público y mentiras sobre sus antecedentes académicos. Al poco tiempo Silvestre denunció judicialmente por injurias a lxs trabajadorxs de prensa de ambos medios, que ayer tuvieron que comparecer ante la justicia para responder sobre estas acusaciones.
Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya se refirió a lo sucedido: “Este es otro intento más de partidos del gobierno nacional, en este caso del partido Cabildo Abierto del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, que buscan de alguna manera presionar el trabajo de lxs periodistas inventando causas judiciales. Ayer lo que hubo fue un cuestionamiento de quien realiza la denuncia a los términos utilizados por el periodista en su nota, pero tienen en claro que no van a poder avanzar en nada, es solamente un intento de criminalizar la libertad de expresión”.
El dirigente también analizó la situación del periodismo en el país sudamericano: “En Uruguay estamos viviendo momentos complejos de una lamentable persecución al trabajo de lxs periodistas, que sobre todo se ha notado en los últimos tiempos durante esta administración, donde no solamente hay judicialización sino también un hostigamiento bastante claro en las redes sociales. Nosotrxs hemos hecho reiterados llamados al sistema político a cesar con esto, que no estaba muy previsto en la cultura política de Uruguay pero que ha empezado a aparecer en los últimos dos años”.
Este tipo de acciones judiciales destinadas a bloquear la labor periodística se vienen reiterando en distintos países de la región. La semana pasada, la periodista peruana Maritza Roxana Ramírez Huertas, directora del diario Ahora Jaén, fue denunciada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, envió una carta notarial en la que acusaba a la periodista de haber difundido “una afirmación completamente falsa, efectuada dolosamente con motivaciones subalternas”. No es la primera vez que la trabajadora de prensa es presionada por miembros del poder judicial tras realizar investigaciones, ya que actualmente afronta un proceso judicial por calumnia y difamación iniciado por Gilmer Robinson Jara Vergara, Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén.
Zuliana Láinez, secretaria general de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), se refirió a la situación que atraviesan lxs trabajadorxs de prensa de ese país: “En Perú la persecución judicial a periodistas es hoy la mayor amenaza contra el ejercicio periodístico, la herramienta que utilizan funcionarios o quienes detentan poder político o económico para intentar acallar investigaciones. La ANP subraya fundamentalmente el impacto que las querellas tienen en los periodistas en regiones, quienes suelen ser trabajadores autogestionarios, que no tienen una empresa periodística detrás que los apoye legalmente. Un proceso judicial se traduce en desgaste emocional, impacta económicamente a los periodistas independientes y en un país como Perú en el que continúan penalizados los denominados delitos contra el honor subyace incluso la posibilidad de prisión para nuestros colegas. Por ello desde el gremio insistimos en la urgente necesidad de despenalizar estos delitos e invocamos a los jueces a ponderar debidamente los requisitos para admitir dichas querellas considerando siempre la primacía del interés público y el derecho a la información”.
Aunque menos explícitas que otras formas de censura, estas estrategias judiciales constituyen ataques a la libertad de expresión, ya que buscan silenciar las voces críticas de lxs trabajadorxs de prensa que exponen actos de corrupción en los poderes del estado y las grandes empresas. Por más que no son novedosas, la utilización de estas herramientas legales está en un auge, acompañando un contexto de aumento de las agresiones y la hostilidad contra comunicadorxs en América Latina y el Caribe. Desde la Federación Internacional de Periodistas vemos con preocupación este creciente uso de los resortes judiciales para entorpecer e impedir el trabajo de lxs periodistas y exigimos que se cese con la criminalización a quienes cumplen con la tarea de informar.