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Campaña Día contra la Impunidad 2017 – Caso México
Ante el alarmante grado de violencia que sufren los y las periodistas en México, la FIP está desarrollando -junto a su afiliado local, el SNRP- una campaña de presión sobre el gobierno mexicano para que fortalezca los instrumentos institucionales que deben velar por su seguridad, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión.
Durante el 2017 la lista de periodistas asesinados ha alcanzado un número de 12 muertes que se suman al centenar de casos que ocurren desde el año 2000. Cada día comunicadores y comunicadoras del país sufren ataques que, con mayor frecuencia, terminan en asesinatos que no son investigados.
Tras la sanción de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, el Estado reconoce su obligación de proteger a estas personas y la necesidad de fortalecer esa protección con una normativa que llama a prevenir e investigar los casos. Su órgano de aplicación es el Mecanismo de Protección para defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
A pesar de que México cuenta con este Mecanismo y desde el año 2010 con una Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), los crímenes continúan incrementándose año tras año, dando cuenta de que estos organismos no han sido una garantía de protección efectiva.
Según revelan distintos diagnósticos, el Mecanismo se ha visto afectado por una inadmisible falta de financiamiento y una fuerte desarticulación respecto a las instancias políticas y judiciales de los diferentes estados. En 2013 el presupuesto asignado al organismo fue de unos $38 millones mientras que este año fue de $18,4, un 50% menor.
La FEADLE es la autoridad encargada de dirigir y coordinar las investigaciones, y en el caso correspondiente perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, o que se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o libertad de expresión. Entre 2010 y 2017 la Fiscalía inició 1926 averiguaciones previas de las cuales sólo 111 llegaron a manos de un juez, y únicamente 3 obtuvieron sentencia evidenciando que el 99,85% de los casos continúan impunes.
Diversas fuentes señalan que esta ineficacia de la institución protectora se debe a la ausencia de una decisión política que se transforme en un financiamiento adecuado y un papel activo del Estado mexicano.
La falta de voluntad política y escasez de respuestas por parte del gobierno mexicano ante la problemática instaura la posibilidad de futuros ataques y ocasiona un estado de censura y autocensura en el ejercicio de la libertad de profesión, privando a la sociedad del Derecho a informarse debidamente y corrompiendo con la Ley para la protección de personas defensoras de los Derechos humanos y Periodistas.
Para visibilizar la problemática ante el presidente mexicano Peña Nieto, la primera medida del FIP consistió en enviarle una misiva para solicitar respuestas en los sentidos planteados. Actualmente, se encuentra desarrollando reuniones con Europarlamentarios y funcionarios de la Comisión Europea para lograr la inclusión de cláusulas específicas referidas a la problemática en el apartado sobre derechos humanos del tratado de asociación entre México y la UE, que fue implementado en el año 2000 y se encuentra actualmente en una fase de modernización.
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