Argentina: lawfare y espionaje a periodistas, dos caras de una misma amenza contra la democracia

Distintas causas judiciales descubren una estructura ilegal de inteligencia organizada durante el gobierno de Mauricio Macri que espiaba a periodistas de distintos medios y políticos de toda filiación para armar causas judiciales fraudulentas.

JUAN MABROMATA / AFP

En lo que se constituye como una serie de causas históricas para la vida democrática argentina, distintos juzgados federales investigan estructuras de espionaje ilegal que funcionaron al interior de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI) durante el gobierno de Cambiemos / Juntos por el Cambio, partido encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019).

Las investigaciones comenzaron casi simultáneamente. Una, iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, cuya investigación recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La interventora, al hacerse  cargo de la Agencia, encontró carpetas en computadoras de la entidad que contenían seguimientos a políticos de todo signo, periodistas de distintos países y empresarios argentinos. La otra, a cargo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora (juez Federico Villena, primero, y Juan Pablo Augé, después) inició con la denuncia de los ex integrantes de la AFI Facundo Melo y Leandro Araque, quienes declararon haber espiado a ex funcionarios detenidos con prisión preventiva en la Cárcel de Ezeiza, una tarea que incluyó, según ellos, grabaciones ilegales en las conversaciones de los detenidos con sus abogados, algo que viola el derecho de un acusado a defenderse. Además, también afirmaron haber espiado a políticos de distinta filiación y periodistas.

Ambas investigaciones arrojaron que hubo políticos (incluso miembros del entonces partido de gobierno) y periodistas espiados y/o seguidos por agentes de la AFI que, saliendo de las atribuciones legales de la agencia al espiarlos sin una casa legal que lo justificara, intervinieron sus teléfonos, correos o realizaron seguimientos fotográficos de ellos y sus familias. Asimismo, la investigación de la Justicia Federal de Lomas de Zamora obtuvo los chats del grupo de espías de Ezeiza y reveló que éstos actuaban en connivencia con programas periodísticos donde se exponía el material recabado por el espionaje ilegal. Material que, en muchos casos, no sólo era ilegal si no que era manipulado editorialmente, según denuncian querellantes en esta causa.

Por lo tanto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) , organización que nuclea a trabajadores de prensa en todo el mundo, se solidariza con lxs periodistas víctimas de este espionaje ilegal que no solo afecta a la vida íntima de los y las trabajadoras de prensa, sino que constituye un procedimiento necesario para la conformación del Lawfare, una herramienta mediante la cual los discursos de odio logran instalar una agenda e incluso, como ha pasado en algunos países, manipular la opinión pública y posicionarse como espacios de poder político capaces incluso de ganar una elección.

Cuando estos discursos actúan en connivencia con corporaciones mediáticas cuyos objetivos financieros nada tienen que ver con los trabajadores que en su tarea diaria ejercen el periodismo como una contribución a la democracia en detrimento de los abusos de poder y la corrupción, se configura una hábito totalmente nocivo para el periodismo y el Estado de Derecho.

Asimismo, como Federación que construye y lucha por los derechos de lxs trabajadores de a pie que hacen al grueso de las redacciones, portales y demás instituciones de prensa, nos vemos en la necesidad de distinguir entre trabajadores de prensa y aquellas figuras televisivas que, nuevamente, están alejadas de las profundas problemáticas de cientos de periodistas que día a día, por ejemplo, son despedidos de sus puestos de trabajo desde que empezó la pandemia de COVID19 o son víctimas del vaciamiento de medios de comunicación o agencias.

La FIP ya advirtió en su momento sobre las prácticas de la gestión anterior de la Agencia Federal de Inteligencia argentina. Prácticas que, por ejemplo, incluyeron el seguimiento de más de 400 periodistas que viajaron a Buenos Aires para cubrir la Cumbre de G20. Como Federación de trabajadores de prensa continuaremos informando sobre las investigaciones que se produzcan en este sentido y denunciaremos todo ataque a la libertad de expresión y la intimidad de los y las periodistas. Del mismo modo creemos necesario e instamos a discutir públicamente los términos y conceptos necesarios para abordar este tipo de prácticas, nocivas para el ejercicio del periodismo en cualquier país donde se lleven a cabo

Para más información, contactar con la FIP en el tlf. + 32 2 235 22 16

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 146 países

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