Ayer por la mañana el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció en su cuenta de Twitter que iniciará acciones legales contra el programa Panorama, en el cual se entrevistó al ex secretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien realizó acusaciones contra el mandatario. Castillo aseguró que la producción periodística “difunde noticias falsas” con el fin de “engañar y manipular a la ciudadanía”. Tal como lo expresa la ANP en su comunicado, si las presuntas falsedades fueron vertidas por Pacheco, él debería ser quien afronte una denuncia y no el medio en el que hizo sus declaraciones. “Servir como vehículo para la propalación de declaraciones de terceros, de por sí, no hace a los periodistas responsables de su contenido”, continúa el pronunciamiento de la ANP, que también agrega que desde hace décadas “denuncia la instrumentalización sistemática de la ley penal contra quienes tiene la responsabilidad de informar”.

El uso de la justicia como método para acallar voces y disciplinar a lxs trabajadorxs de prensa no es ajeno a la cotidianeidad de Perú ni de la región. En este artículo publicado hace poco más de un mes, detallábamos los casos más resonantes de América Latina y el Caribe de los últimos tiempos. Sin ir más lejos, hace pocos días en Guatemala José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, fue detenido por una investigación por presunto lavado de dinero, y por orden de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad también se embargaron las cuentas del medio. Esta medida afecta el cumplimiento, entre otras cosas, de los pagos de salarios de lxs trabajadorxs del diario, lo cual impacta directamente en la capacidad del medio de sustentarse y continuar con su labor informativa.

Desde la Federación Internacional de Periodistas repudiamos estas acciones, que cuando son ejercidas desde los gobiernos sientan un peligroso precedente, que permite que cualquier declaración vertida por terceros en un medio de comunicación pueda servir como excusa para criminalizarlo. La judicialización de la labor periodística pone en peligro a lxs trabajadores de prensa, que enfrentan posibles penas de cárcel y cuantiosas multas, y en consecuencia se ve afectado el derecho de la población a recibir información y se daña la libertad de expresión, ambos aspectos esenciales de los procesos democráticos.