México: Relatores Especiales de la ONU y la CIDH instan al Gobierno a reforzar medidas de protección a periodistas

Desde el 27 de noviembre al 4 de diciembre, dos Relatores Especiales designados por la ONU y la CIDH realizaron una visita conjunta oficial con el objetivo de evaluar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en México. En este marco, presentaron sus observaciones preliminares y solicitaron a las autoridades mexicanas el refuerzo de los mecanismos de protección para periodistas.

Desde el 27 de noviembre al 4 de diciembre, dos Relatores Especiales designados por la ONU y la CIDH realizaron una visita conjunta oficial con el objetivo de evaluar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en México. En este marco, presentaron sus observaciones preliminares y solicitaron a las autoridades mexicanas el refuerzo de los mecanismos de protección para periodistas.

El pasado lunes 4 de diciembre el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión David Kaye y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, culminaron su visita conjunta en México cuyo objetivo consistió en analizar el estado de la Libertad de Expresión y la seguridad de los periodistas en el país. Por medio de un comunicado oficial, los Relatores presentaron las primeras observaciones y recomendaciones a seguir para luego publicar el informe final en 2018.

Durante su estadía en el país, los Relatores fueron recibidos por el Gobierno mexicano y por las autoridades especialistas en Derechos Humanos. Además se reunieron con representantes de los gobiernos de Guerrero, la Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Por otro lado, se encontraron con más de 250 periodistas, miembros de las organizaciones de la sociedad civil y con familiares de las víctimas quienes les proporcionaron información detallada y testimonios sobre la situación de la libertad de expresión en el país. A raíz de estos encuentros, los Relatores reconocieron el entorno cargado de violencia que atraviesa día a día a los periodistas mexicanos: “nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda fueron elementos comunes en sus narrativas”.

Si bien reconocieron la creación del Mecanismo de protección y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE) los Relatores Especiales hicieron hincapié en que la violencia, impunidad e inseguridad siguen siendo predominantes en el país. En este marco, instaron al Gobierno mexicano a incrementar los recursos destinados a los mecanismos creados para proveer protección y transparencia ya que no funcionan hasta el momento de manera efectiva. “Observamos que México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad. El Gobierno ha establecido una institución especializada para la persecución del delito, pero parece vacía y carente de progreso”, expresaron.

Ante el alarmante grado de impunidad en los crímenes del gremio periodístico en México y en materia de libertad de expresión, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) organización que representa a 600.000 trabajadores y trabajadoras de prensa en todo el mundo, también desarrolló -junto a su afiliado local, el SNRP- una campaña de presión sobre el gobierno mexicano para que fortalezca los instrumentos institucionales que deben velar por su seguridad, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión. La misma consistió en enviarle una misiva al presidente Enrique Peña Nieto para solicitar respuestas en este sentido. Actualmente, se encuentra desarrollando reuniones con Europarlamentarios y funcionarios de la Comisión Europea para lograr la inclusión de cláusulas específicas referidas a la problemática en el apartado sobre derechos humanos del tratado de asociación entre México y la UE, que fue implementado en el año 2000 y se encuentra actualmente en una fase de modernización.

De cara a las elecciones 2018 que se levarán a cabo en el país, los Relatores demandaron al gobierno mexicano atender especialmente los temas de seguridad y transparencia, a fin de garantizar la seguridad de las y los periodistas para que puedan recabar y difundir información sobre cuestiones de interés público.

Asimismo, expresaron una preocupación especial por los documentados informes sobre vigilancia digital de periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros, y sobre el hecho de que parece haber tenido lugar sin controles legales y judiciales. Por este motivo instaron al Gobierno a realizar una investigación independiente. Trataron además un amplio rango de cuestiones como el acceso a la información, la publicidad oficial, el pluralismo mediático, los derechos de las víctimas y expresaron preocupaciones alrededor de una ley de seguridad interior propuesta que afectaría negativamente la libertad de expresión.


 

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