Boletín Informativo Latinoamericano, Diciembre 2003


PERÚ - el 31 de octubre de 2003

Desvirtúan versión de periodista sobre plan de seguimiento a canal de televisión

El Ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, y el Comandante General del Ejército del Perú, general Roberto Chiabra León, desmintieron un supuesto plan de seguimiento por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) contra el propietario y los periodistas de Frecuencia Latina Canal 2, denunciado por el periodista César Hildebrandt en el programa "En la boca del lobo", del mismo canal.

El ministro Loret de Mola y el general Roberto Chiabra rechazaron la versión de que el Ejército haya elaborado el supuesto plan y señalaron que el documento presentado por Hildebrandt el 21 de octubre de 2003 es falso.

En una reunión convocada por ambos funcionarios con los medios de comunicación negaron tajantemente la autenticidad del documento y explicaron detalles que lo hacen diferente de un auténtico reporte de inteligencia. Previamente se habían reunido con el mismo Baruch Ivcher, propietario del canal, para conocer el documento en cuestión.

Mostrando a la prensa tres documentos originales del SIE, el general Chiabra sustentó las razones por las que afirman que el documento que mostró Hildebrandt es falso. Se señalaron hasta veinte detalles reñidos con las características reglamentarias que los documentos de inteligencia deben
presentar obligatoriamente. Los cinco primeros los encontró en la primera página de las cuatro que componen el documento. De éstos, el primero, y fundamental, es que comienza indicando la existencia de tres copias, cuando el reglamento indica únicamente dos. Asimismo, en el documento falso se observa que el sello tiene forma rectangular y dice textualmente "Incinerar
luego de explotar", mientras que los originales presentan un sello en forma de pentágono.

Luego de ese desmentido, tanto el ministro como el general coincidieron en expresar su irrestricto respeto a la libertad de expresión como pilar de cualquier sistema democrático.

Frecuencia Latina, a través de un comunicado firmado por Ivcher, que fue leído en el programa "En la boca del lobo" del 22 de octubre, anunció la decisión de que la Unidad de Investigación de su canal continúe investigando hasta determinar la autenticidad o falsedad del documento, pues, -
aseguraron- que la información contenida en éste fue verificada por la referida unidad.

Por su parte, Hildebrandt reveló detalles de cómo llegó la información a sus manos. Dijo que horas antes de iniciar el programa fue citado a la oficina de Ivcher donde el jefe de seguridad del canal le entregó el documento. "Se me dijo que había una reacción en el Ejército por una foto que había mostrado del jefe de Estado Mayor (del Ejército) en una humorada familiar con peluca y faldones junto a otros militares", dijo.

Sin embargo, mostró su extrañeza al mismo tiempo que despejó toda duda de un posible malestar en el Ejército al leer una carta que el propio jefe de Estado Mayor le escribió agradeciéndole el desagravio que hiciera por la publicación de la foto en el quincenario "Ollanta". Luego finalizó sus comentarios diciendo que "... si el documento es falso tendremos que reconocerlo, y si es verdadero, tendrán también algunos que reconocer que a sus espaldas se cocinan operativos como éste".

Al cierre de la presente nota, Frecuencia Latina aún no se ha pronunciado sobre el resultado de la investigación que anunció en su comunicado.



ARGENTINA

La Justicia de Santa Cruz sanciona a la prensa

El 14 de octubre la Jueza del Menor de la provincia de Santa Cruz Rosa Núñez impuso al diario TIEMPO SUR y al semanario EL CIUDADANO, ambos de la ciudad de Río Gallegos, una multa de 20 mil pesos (aproximadamente 7 mil dólares) por haber difundido información que la magistrado consideró violatoria de la ley que preserva la identidad de los menores.

Las notas publicadas describían la agresión sufrida el 2 de agosto pasado por Ariel Silva a manos de un grupo de entre 18 y 20 jóvenes. Según el fallo de la jueza, los artículos señalaban a "dos de ellos como los más violentos", y que "a uno le decían el colorado". Nuñez indica que también se
incluía la declaración del tío de Silva en cuanto a que "el ejecutor del golpe con un palo que dio en el parietal de Ariel" sería "el hijo de un alto funcionario presidencial que incluso perteneció a la justicia de Santa Cruz".

El ciudadano describía a uno de los participantes en el hecho como "nieto de un policía retirado. Va a tercer año polimodal [nivel secundario] del Colegio Julio Ladvocat a donde concurren la mayoría de los chicos indicados como los agresores. Tiene siete hermanos, el año pasado se le practicó un neumotórax dato que sugiere que "no está en condiciones de pelearse con
nadie. Es un chico de contextura normal, se viste generalmente de negro, usa arito y una cadena de alpaca que es de la mamá". El semanario, además, indicaba que los chicos eran parte de un grupo de estudiantes al que pertenecía otro joven que semanas antes se había suicidado.

La ley 20.056 de "Publicidad de hechos referidos a menores de edad" prohíbe en su artículo 1 "en todo el territorio de la República, la difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos referentes a menores de dieciocho (18) años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos, o que se encuentren en estado de abandono o en peligro moral o material, o cuando por esa difusión o publicidad fuera escuchado o exhibido el menor o se hagan públicos sus antecedentes personales o familiares de manera que pueda ser identificado."

En el fallo -que remite en forma reiterada a la "Convención de los derechos del niño"- la jueza estima que "si bien no han identificado con nombre y apellido a los menores que supuestamente habrían participado del hecho (...), han dado características familiares, lugares donde concurren como educandos, han publicado minuciosamente los sucesos, dando características de amigos de los menores involucrados tanto víctimas como de supuestos autores (. . .) que en una ciudad pequeña como la nuestra han permitido a la sociedad su fácil identificación. La identidad es un derecho personalísimo que está íntimamente ligado a las circunstancias del lugar y de la actividad
de los hechos denunciados, en una ciudad tan pequeña que tiene características de un pueblo, las modalidades de la vida ciudadana se manejan en un círculo reducido de actividades". Núñez señala en su resolución que "el derecho a la libertad de prensa y de expresión, derecho también consagrado en nuestro ordenamiento constitucional [. . .] no es absoluto y que frente a otro derecho personalísimo, también de rango constitucional como el derecho a la intimidad de los menores de 18 años [. . .] se privilegia el valor prevalente de la minoridad".



ACTUALIZACIÓN DE ALERTA – ARGENTINA - el 18 de noviembre de 2003

Reducen las penas de los asesinos de un periodista

El 13 de noviembre de 2003, la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió reducir las penas a quienes fueron condenados como asesinos de José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista "Noticias". Con esta decisión, y de acuerdo a la legislación que computa doble los años pasados en prisión sin un fallo firme, algunos de los
encarcelados podrían quedar libres a fines de 2004.

El juicio por el crimen de Cabezas concluyó en febrero de 2000. Los abogados defensores apelaron las condenas impuestas ante la Cámara de Casación, instancia que se encarga de revisar si los juicios han cumplido con los requisitos formales y de procedimiento.

Todos los participantes de la operación del asesinato de Cabezas habían sido condenados a prisión perpetua salvo quien apareció como organizador de la banda, el policía bonaerense Gustavo Prellezo, condenado a reclusión por tiempo indeterminado, la pena más alta que existe.

Luego de demorar casi cuatro años su decisión, la Sala I de la Cámara redujo las penas de los condenados, salvo la de Prellezo. Entre los cuatro individuos considerados parte de la banda delictiva llamada "Los Horneros", uno de ellos, Miguel Retana, ya falleció. Gustavo González y Horacio Braga vieron reducir su pena a 20 años, en tanto que la de José Luis Auge bajó a 18. A los policías Sergio Camaratta y Aníbal Luna les fue reducida a 25 y 24 años respectivamente.
Y Gregorio Ríos, guardia del fallecido empresario Alfredo Yabrán, vio bajar su pena de prisión perpetua a 27 años.

De acuerdo al cómputo de tiempo que permite la legislación argentina, que contabiliza doble el tiempo de prisión sin condena firme, todos tendrían "cumplidos" diez años de encierro. Como el bueno comportamiento en prisión habilita la libertad condicional con el cumplimiento de los dos tercios de la pena, la reclusión terminaría en plazos que van de los 12 a los 18 años. En el
caso de Auge, por ejemplo, se le computan más de diez años cumplidos y podría salir libre a finales de 2004.

"No hay justicia", exclamó Norma Cabezas, la madre de José Luis. "¿Para eso se tomaron cuatro años estos jueces? No pensé que eran tan falsos." La hermana del fotógrafo, Gladys, calificó el fallo de "lamentable", y estimó que "parece que a algunos no les quedó claro que estos sujetos asesinaron a José Luis Cabezas".

Carlos Altuve, fiscal de la causa en la instancia de Casación, y los abogados Jorge Sandro y Fernando Burlando, que representan a buena parte de los condenados, ya adelantaron que apelarán el fallo ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. El fiscal porque está en desacuerdo con la reducción de las penas, y los defensores porque tienen como objetivo lograr que se decrete la nulidad del juicio que condenó a sus clientes.



ARGENTINA – El enemigo es el silencio

Los periodistas Clara Britos, Diana Gagliano, Eduardo Delbono y la plana del periódico El Castellano de Rafaela son amenazados, amedrentados y censurados.

"El barrio huele a jazmines. Un relámpago ilumina el cielo. Aparecen estrellas venciendo espesos nubarrones. Son muchas. Me hacen guiños. Agito mis manos intentando una sonrisa. El aire se detiene. Me pierdo en el tiempo. Vuelan alto, muy alto, los pétalos de jazmines perfumados. Un trueno que raja la tierra inquieta a las palomas en sus libertades. Todo se sucede. Apuesto a no sumar ausencias. Presente Todas!", escribió Marta Conti, en conmemoración de los diez años del asesinato del periodista Mario Bonino.
¿Y por qué este preludio? Porque desde 1989 hasta la fecha, la Utpba contabilizó más de 1300 casos de agresiones a periodistas. Precisamente, el pico más alto de esas agresiones fue en 1993, año en que fue asesinado Bonino.
Hoy, año 2003, los periodistas Clara Britos, directora del diario La Tapa, Diana Gagliano, directora de la revista Multiflores, Eduardo Delbono, director de Radio Ciudad de Merlo están siendo amenazados y amedrentados.
También, la plana del periódico El Castellano, de la ciudad de Rafaela, es censurada. Un dato común, la mayoría de estas agresiones comenzaron en el año 2000.

El pasado 18 de septiembre, Eduardo Delbono, director de Radio Ciudad de Merlo recibió la visita de dos hombres con la supuesta intención de contratar publicidad. Una vez dentro de la oficina, lo llevaron a punta de pistola hasta el baño, donde realizaron un simulacro de fusilamiento: "Esta ves te zarpaste, cortala con la radio, no sigas más". Según Delbono este hecho estaría ligado a la política local, especialmente a las denuncias que los candidatos de la oposición realizaron en su programa matutino durante la última campaña electoral, sobre presiones a los medios de comunicación zonales para no darles espacio.

Sin embargo, las amenazas comenzaron en el año 2000, cuando fue interceptado por un auto en la localidad de Ituzaingó y amenazado con "aparecer en el río Reconquista si no la cortaba con la municipalidad".

El pasado 3 de octubre se realizó una marcha contra la represión y en defensa de la libertad de expresión, convocada por distintas organizaciones sociales y políticas, en repudio a las intimidaciones que sufrió el director de Radio Ciudad de Merlo.
El Diario El Castellano, de la ciudad de Rafaela, fue querellado y embargado por una acción del intendente Ricardo Peirone. Según informaron los responsables del periódico, este hecho responde a una maniobra para cerrar el diario, en represalia a las informaciones y opiniones críticas a su gestión vertidas durante los últimos años. De esta manera, Peirone, y a través de él el Partido Justicialista, intentan censurar al diario que denunció las principales irregularidades de la administración municipal.

El medio Tercer Mundonline indicó ayer que los principales socios del PJ en esta cruzada contra la libertad de expresión son el diario La Opinión, Cablevisión -a través del canal de cable local- y la radio LT28, que se sumó al plan desde que está bajo el control de Leandro Miller.
El artículo que reveló estas maniobras apareció en la edición de El Castellano del 30 de agosto de 2000, anunciado en la tapa con el titular "El cable, el PJ y La Opinión: juntos para la censura". En esa ocasión, el diario dio cuenta cómo "la firma Cablevisión SA decidió levantar los auspicios que el diario tenía en los programas televisivos que se emiten por el Canal 6 de la ciudad de Rafaela.

Diana Gagliano, directora de la Revista Multiflores fue amenazada la semana pasada por un supuesto Comando Almirante Massera: "¿Por qué no te dejás de joder y vas a escrachar a Firmenich a Perdía, a Vaca Narvaja o a Gorriarán que ahora se reúne con los que raptó para disculparse?! Ya los vamos a escrachar a ustedes". Este fue el texto de la amenaza.

Gagliano investigó las irregularidades en las instalaciones de Megatlon All Boys, cuando Florencia Moller Rombolá apareció muerta en febrero de 2001. También siguió de cerca el caso de los pibes de floresta y desde su medio comunica todas las acciones de escrache a los genocidas de la última Dictadura Militar.

Por último, la periodista Clara Britos continúa sin poder resolver su situación. Su vida sigue bajo amenaza y la justicia no actúa. Según informó Britos, "el fiscal Gustavo Villordo, quien tenía a su cargo la causa por Amenazas Clara Britos, expresó que la misma se hallaba acollarada a la denuncia por el allanamiento irregular del 1 de enero de 2000, ambas en la UFI 7 a cargo de la Dra. Virginia Bravo, la misma que archivó dicha denuncia el 7 de noviembre de 2000 sin notificárnoslo. Hoy mi vida está en manos de la Dra. Virginia Bravo, quien dejó de investigar en el año 2000, y tiene en su fiscalía la causa por amenazas, causa que entonces corre la misma suerte de la primera". Britos viene denunciando desde el 1 de enero de 2000 el accionar de la policía en relación al allanamiento contra su domicilio en el que actuaron fuerzas policiales del grupo de elite Halcón, brigada de Lomas de Zamora y personal de infantería, con violencia y por "error". Las denuncias de esta periodista también involucran al PJ Bonaerense, y a uno de sus representantes, Oscar Rodriguez.
El enemigo es el silencio. Hay que comunicar y estar atentos.



GUATEMALA – el 27 de octubre de 2003

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condena el secuestro de periodistas y defensores de los derechos humanos

La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala -APG- manifiesta su condena y repudio por la captura y secuestro de cuatro periodistas y dos funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos por miembros de las ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el municipio de la Libertad, Huehuetenango.

Los periodistas Fredy López, Emerson Díaz, Alberto Ramírez y Mario Linares, reporteros y fotógrafos del matutino Prensa Libre, el vocero de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Henry Hernández y Thelma Schaub de esa entidad, fueron retenidos por los ex paramilitares la mañana de este domingo, quienes bloquearon la ruta que conduce a la Libertad como exigencia
del pago de la indemnización que el actual gobierno les prometió.

Luego de presiones hechas por varios sectores para garantizar la seguridad de los secuestrados, las Fuerzas Especiales de la Policía -FEP- y elementos del ejército se presentaron al lugar a eso de las 18:40, sin embargo al acercarse, los patrulleros amenazaron con prenderle fuego a los reporteros o dispararles con la consigna de que "aquí nos morimos todos".

Los ex PAC advirtieron de que hasta que el gobierno de Alfonso Portillo les pague la indemnización de más de mil millones que les prometió liberarán a los periodistas detenidos como rehenes, hecho que además de ser un grave delito constituye una nueva agresión a la libertad de prensa, por lo que exige a los paramilitares que respeten la integridad de los rehenes.

Ante el peligro que corre la vida de los periodistas, esta comisión emplaza públicamente el Presidente de la República y a la Fiscalía Especial de delitos Contra Periodistas para que los reporteros sean liberados inmediatamente y que se ponga un alto a los actos de violencia registrados en contra del gremio periodístico guatemalteco.

La actuación de los ex paramilitares pone de manifiesto una vez más la intolerancia de estos grupos, que en el pasado causaron dolor y muerte a la familia guatemalteca y que ahora el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco los actualizó, con fines políticos.

La Comisión hace un llamado a la comunidad internacional a que demande al gobierno el estricto respecto de las garantías constitucionales, especialmente lo referente a la libertad de prensa, así como la solidaridad del gremio periodístico nacional e internacional.



COLOMBIA - el 10 de noviembre de 2003

Cámara de Representantes aprueba proyecto de estatuto antiterrorista, el
secreto de las fuentes amenazado


El 6 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó, en sexta lectura, el proyecto de estatuto antiterrorista, una reforma constitucional planteada por el gobierno de Alvaro Uribe. El texto confiere a las fuerzas del orden el poder de efectuar allanamientos y escuchas telefónicas e interceptar la correspondencia privada, sin mandato judicial durante 72 horas, en casos de
personas sospechosas de estar relacionadas con el terrorismo.

Para quedar definitivamente aprobado, el proyecto aún tiene que pasar por dos lecturas en el Senado: una en la Comisión primera del Senado, y la segunda en la asamblea plenaria de dicha institución.

En la sesión de la Cámara de Representantes del 6 de noviembre, los legisladores eliminaron un artículo que, en nombre de la defensa del derecho al buen nombre, prohibía a los medios de comunicación revelar los nombres de las personas detenidas durante las 72 primeras horas de detención.



PERU

Agreden a periodista de Canal N

El videoreportero de Canal N, Juan Carlos Hidalgo, fue agredido la madrugada del miércoles por un grupo de maleantes en la jurisdicción de Magdalena.

El hecho se produjo en la cuadra 2 del jirón Juan Salas en dicho distrito, luego de que los diversos medios de comunicación fueron alertados por un escándalo protagonizado en la vía pública por un presunto familiar de un alto funcionario del Gobierno.

Ya en el lugar, los periodistas fueron amenazados con insultos, palos y piedras por sujetos de mal vivir, quienes se encontraban en estado de ebriedad.

Los agresores golpearon a Hidalgo en el rostro y trataron de arrebatarle su cámara dándole en la cabeza con un palo de escoba.

"Me informaron junto con un grupo de colegas que había un hijo de un ministro haciendo escándalo en la vía pública. Cuando nos acercamos al lugar, uno de los integrantes del grupo, que estaba mareado, nos increpa y agrede como lo demuestran las imágenes", narró Hidalgo.

"Luego intentaron quitarme mi cámara, y al tratar de impedirlo me agreden con un palo de escoba", añadió el videoreportero, quien resultó con un corte en la cabeza.

El agresor resultó identificado Fredy Martínez Rufasto de 26 años, un ex prontuariado, quien opuso una feroz resistencia para su detención. Diez policías tuvieron que esforzarse al máximo para arrestarlo.

Los violentos hechos en Magdalena pusieron en evidencia el lento accionar de la policía y del serenazgo de Magdalena para evitar la agresión al periodista.



ALERTA – HONDURAS

Asesinan periodista en Santa Rosa de Copán

El periodista Germán Antonio Rivas, director gerente de la Corporación Maya Visión, Canal 7, que se transmite en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán, en la frontera con Guatemala, fue asesinado de un tiro en la cabeza, la noche del miercoles 26 de noviembre, cuando aparcaba su vehículo frente a las instalaciones del canal. Rivas es el primer periodista asesinado en Honduras.
Minutos antes de iniciar la transmisión de su noticiero, un presunto desconocido, haciendo uso de un revólver silenciador, disparó contra Rivas ocasionando su muerte instántanea. Su cuerpo, cuatro horas después del asesinato, continuaba tirado sobre la paila de un vehículo a la espera de las autoridades forenses.
En declaraciones al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el periodista copaneco René Rojas, dijo que “todo fue tan rápido que estamos impactados.
Germán era un hombre sencillo, identificado con las causas sociales y un periodista muy responsable en el manejo de la información... nos han dado un golpe y ahora nosotros estamos temerosos”.
Rojas, corresponsal de la emisora capitalina Radio América, de cobertura nacional, dijo que aparentemente nadie vio quien disparó contra Rivas. “ Al darnos cuenta, inmediatamente nos movimos a la escena del crimen y vimos su cuerpo rodeado de un charco de sangre. Creemos que hay testigos, pero también hay miedo. Los asesinos siempre dejan a alguien en la escena del crimen y esa puede ser una de las causas para que, por ahora, nadie quiera hablar”, confesó temeroso el comunicador.

ANTECEDENTES

El 24 de febrero de 2003, Germán Antonio Rivas logró salir ileso de un atentado cuando había concluido su noticiero “CMV Noticias” y se disponía a ir a su vivienda. Mientras Rivas intentaba aparcar el vehículo frente al garaje de su casa, un desconocido abrió fuego en su contra, sin lograr impactarlo.
“Vi el luzazo (chispas) y escuché de cerca el estruendo. De inmediato corrí al interior de mi casa y llamé a la policía”, relató en ese entonces Rivas al C-Libre. En ese momento, la Policía Preventiva desplazó dos patrullas al lugar, pero no encontró nada, pues para la búsqueda sólo tenían un foco de mano. Recomendaron al periodista poner la denuncia y le ofrecieron protección. Sin embargo, al ir a ofrecer su testimonio, las autoridades no lo tomaron en serio y la protección ofrecida en principio quedó en palabras y nunca se abrió una investigación a fondo, pese a existir una petición expresa de su hermana y actual viceministra de la Presidencia, Rocío Tábora, hacia el titular de Seguridad, Óscar Álvarez.
Al siguiente día del atentado, Rivas buscó evidencia en los alrededores de su casa, la cual está rodeada de solares baldíos. Con ayuda de un vigilante encontró en un zanjo, un rifle, versión antigua, de tambor, con una segunda bala en boca, envuelta en un cartón. “Intentaron matarme o intentaron asustarme, pero esa es el arma que usaron, por el ruido que produce”, aseguró el comunicador.
Luego, en un testimonio ofrecido a C-Libre dijo que meses atrás había sido objeto de llamadas anónimas intimidatorias, pero nunca les dio importancia.
Estaba convencido que el atentado que fuera objeto tenía como telón de fondo su ejercicio profesional, pero rehusó responsabilizar directamente a personas o sectores.
No obstante, hay dos hechos en el contexto noticioso de la zona que no han sido ajenos a su medio de comunicación:
- Los daños ecológicos causados por Minerales de Occidente, Sociedad Anónima (MINOSA), especialmente con el último derrame de cianuro sobre el río Lara, afluente del río Higuito, que abastece de agua para consumo humano a la ciudad de Santa Rosa. La última noticia cubierta sobre este caso por Canal 34 fue la multa de un millón de lempiras (unos 170 mil dólares) impuesta por la Secretaría de Recursos Naturales, a causa del derrame. “No me atrevo a asegurarlo, pero no lo descarto. Decirlo pone en grave riesgo mi vida y la de mi familia”, admitió en ese entonces Rivas.
Como antecedente, la integrante de Asonog, una coalición de sociedad civil, Marisol Tábora, fue amenazada judicialmente por efectuar investigaciones acerca de la muerte de peces y otras especies, tras el derrame de cianuro en las cercanías de la mina ubicada en el municipio de La Unión, Copán.
- El otro hecho es una serie de reportajes televisivos que Rivas asignó a la periodista Xiomara Orellana, sobre las operaciones de bandas de contrabandistas de café y ganado en la frontera entre Honduras y Guatemala.
Hasta ahora, la versión de la policía es escueta. La periodista Corina Mejía, corresponsal en Santa Rosa de Copán, del noticiero TN5, Canal 5, de la corporación televicentro, en Tegucigalpa, dijo anoche que las investigaciones están paradas, porque las autoridades se han cerrado en afirmar “que no hay un móvil ni indicios racionales que indiquen que fue un atentado”.
El asesinato de Rivas es el primero de su índole que se registra en la historia del periodismo hondureño. El dato más reciente fue un atentado de bomba sufrido a mediados de los años ochenta por el periodista y director del noticiero Abriendo Brecha, Rodrigo Wong Arévalo, atribuido en principio a grupos militares.



HONDURAS - 29 de noviembre de 2003

El Comite por la Libre Expresion (C-Libre), hace publica la entrevista realizada al periodista German Rivas después del atentado sufrido el 24 de febrero de 2003. Por su importancia, C-Libre, pone a disposicion la version que el periodista Rivas ofrecio sobre los pormenores del atentado.

En la entrevista, Rivas declaro que, posterior al atentado, personal de la empresa minera MINOSA, le llamo para que hiciera un pronunciamiento publico eximiéndoles de toda responsabilidad en lo sucedido, pero el se nego, porque se había cuidado de acusar ni denunciar publicamente a nadie. "No tenia porque hacerlo", dijo.

En sus declaraciones, Rivas hace hincapie en que ningun atentado le hara cambiar su forma de hacer periodismo, "Prefiero dejar de ser presentador de noticias, que renunciar a mi trabajo como periodista", expreso contundente Rivas en su testimonio, sin imaginar que seis meses despues, iban a silenciar su voz para siempre.

En la entrevista se mencionan declaraciones importantes, que serviran para esclarecer el asesinato del periodista el 26 de noviembre de 2003 y no hacer hipotesis que degeneren la imagen, la credibilidad y la honestidad del comunicador, se debe respeto a la memoria de German Rivas y a su familia.

Puede encontrar la entrevista en la siguiente dirección:
http://probidad.org/honduras/libexp/2003/070.html

Otra informacion relacionada al caso, se encuentran en:
http://probidad.org/honduras/libexp/2003/006.html