La empresa de TV por cable Equital despidión los últimos días a trabajadores que integraban sindicatos o ponían en sus agendas las actividades de organizaciones sindicales, en una actitud que la Federación Internacional de Periodistas (FIP), como organismo que agrupa a más de 600,000 trabajadorxs de prensa en todo el mundo, rechaza abiertamente.

Incluso uno de esxs trabajadorxs despedidxs fue el vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), trabajador con 25 años de trayectoria en Equital, una de las principales firmas en su rubro en el país. La compañía también echó a otrxs trabajadorxs que en su mayoría están afiliadxs a APU.

En su comunicado, la Asociación expresó “su más absoluto repudio” hacia la conducta de la empresa y advirtió que los despidos, según la propia compañía, “nada tiene que ver con el supuesto impacto económico que se usó como excusa hace cuatro meses”, cuando lxs trabajadorxs habían sido enviados al seguro de paro que prevé la ley uruguaya en el contexto de pandemia, pero continuaban vinculados a la firma.

Al respecto, el presidente de APU, Fabián Cardozo, explicó: “Nos preocupa la represión sindical: la mayor parte de los despedidos en este caso están afiliados al sindcato y vemos que se trata de descabezar la organización sindical en lugares donde hay muchos trabajadores técnicos para que el sindicato no tenga influencia.

Asimismo, Cardozo aseguró: “Nos preocupa que ocurra un ‘efecto contagio’  en el marco de un nuevo gobierno que no favorece a la clase trabajadora y en un contexto de negociaciones colectivas debilitadas”.

Además, el periodista de la TV pública uruguaya anunció que el lunes la empresa debería presentarse a una “audiencia tripartita con el gobierno”; pero que aún no está claro si va a atender ese encuentro. “El miércoles y el jueves próximo nos reuniremos con las comisiones de Asuntos Laborales del Congreso para contar un panorama de la situación de la prensa en el país y planteamos la necesidad de resolver este conflicto”, contó el presidente de APU.

En otro orden, la Asociación de la Prensa Uruguaya también se manifestó en solidaridad con la periodista Sandra Canio de Radio Tabaré, quien fue despedida, según le explicó su empleador y director del medio, Mariano Olaverry,  por “llenar la programación de sindicalistas”.

A propósito de este contexto, Cardozo explicó: “Uruguay está viviendo una situación de retroceso con los cambios políticos que se han dado: retrocesos en derechos laborales, que nos colocan en un situación de alerta. La mejor campaña es decirle a todos lxs trabajadores de prensa de toda área o rama que se tienen que sindicalizar para evitar abusos y defender sus derecho”.

Para ilustrar esta situación, se puede contar el caso de la operadora de TV para abonados Montecable, que la semana pasaa desvinculó a 28 trabajadores en un día, con lo que la suma total de empleados echados por la firma desde el inicio de la pandemia asciende a 97.

En este sentido, cabe destacar que desde el inicio de la pandemia el país sudamericano tuvo 350 periodistas enviados a seguro de paro, una figura legal propuesta por el Estado uruguayo para tratar de evitar los despidos lisos y llanos por los efectos de la crisis en ese país. Teniendo en cuenta que la mayoría de esos despidos se concentran en la capital uruguaya, Montevideo, una ciudad con cerca de un millón de habitantes, la proporción de despedidos por sobre el total de trabajadorxs de prensa es alarmante. 

Desde la FIP ratificamos nuestro apoyo a lxs trabajadores de prensa de Uruguay e instamos a las autoridades de ese país a gestionar la crisis en favor de una población que necesita, y que tiene como derecho inaliebable, acceder a un trabajo digno con plenos derechos y garantías y a una información producida sin presiones, censuras, ni parcialidades políticas.