Las denuncias -presentadas a Irene Khan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y a Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias- se presentan junto al al Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS) que representa a las víctimas y sus familias. Éstas fueron redactadas por destacados abogados especializados en derechos humanos de Doughty Street Chambers y en ellas se alega que los ataques son sistemáticos, que se hace un uso excesivo de la fuerza letal, que existe discriminación e impunidad en estos crímenes.

Se pedirá a los Relatores Especiales que investiguen las acciones del Estado israelí en relación con los asesinatos de Ahmed Abu Hussein y Yaser Murtaja en 2018, así como la mutilación de Muath Amarneh en 2019 y de Nedal Eshtayeh en 2015, ambos fotógrafos que recibieron disparos de francotiradores en el ojo. Es la primera denuncia de este tipo presentada por la FIP.

Según las denuncias, los cuatro casos destacados son "representativos de los ataques sistemáticos del personal de las FDI a los/as periodistas que trabajan en Palestina". Esta práctica es contraria al derecho internacional y a las normas oficiales de combate de las FDI que, según el Tribunal Supremo israelí, permiten el uso de la fuerza potencialmente letal sólo como último recurso y "en circunstancias en las que existe un peligro real para la vida o la integridad corporal de los/as agentes".

"Junto con la falta sistemática de investigación, el uso intencional de la fuerza letal y menos letal dirigida a la cabeza, que provoca lesiones graves y permanentes, en circunstancias en las que las personas podrían ser claramente identificadas como periodistas, constituye una violación especialmente grave del derecho a la vida y a la libertad de expresión, y muestra un flagrante desprecio por el estado de derecho".

La frecuencia de los incidentes en que los/as periodistas han sido y son objetivo de ataques con fuerza letal o potencialmente letal también suscita una preocupación real y grave por la existencia de una política oficial u oficiosa de atacar a los/as periodistas y a quienes tratan de documentar y cubrir las protestas contra la ocupación israelí.

Este ataque sistemático a periodistas es parte de un patrón de discriminación hacia periodistas palestinos/as y miembros/as del PJS, en el que se incluyen restricciones en el acceso a acreditaciones periodísticas o libertad de movimiento, lo que inhibe a los/as periodistas palestinos/as hacer su trabajo de documentación e informar sobre la región. Esto incluye grandes eventos como la Gran Marcha de protestas, y fomenta un entorno en el que los/as periodistas trabajan en situaciones de alto riesgo.

En las denuncias se pide a los Relatores Especiales que adopten una serie de medidas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por el asesinato de Ahmed Abu Hussein y Yaser Murtaja, y la mutilación de Muath Amarneh y Nedal Eshtayeh. También se pide a los Relatores Especiales que investiguen la discriminación y otras cuestiones sistemáticas que obstaculizan la capacidad de los/as periodistas palestinos/as para realizar su trabajo.

La FIP y el PJS han documentado durante mucho tiempo las violaciones de los derechos de los/as periodistas en los Territorios Palestinos Ocupados. En 2019 el PJS documentó 760 violaciones de los derechos de los/as periodistas, incluyendo más de 200 casos de asaltos físicos, docenas de heridas causadas por balas de acero recubiertas de goma y al menos diez heridas graves por munición real.

La lista anual de asesinatos de la FIP documenta al menos 33 periodistas palestinos/as asesinados/as desde 1990.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, ha dicho: "Durante años el mundo ha documentado y deplorado el asesinato y la mutilación de periodistas palestinos/as por parte de las fuerzas israelíes y la discriminación diaria a la que se enfrentan: violación de sus derechos, negación de acreditaciones, ataques a su libertad de movimiento. Y, además, como resultado de una impunidad generalizada, también se les ha negado la justicia. Las palabras ya no son suficientes. La ONU debe actuar y demostrar que no se quedará de brazos cruzados y permitirá que la impunidad y la injusticia continúen sin ser cuestionadas".

El presidente del PJS, Nasser Abubaker, dijo: "Vivimos diariamente con los ataques sistemáticos, la impunidad, viendo a los soldados matar a nuestros/as compañeros/as, cegar a los que documentan la ocupación y las protestas contra la misma. Nadie se enfrenta a la justicia por sus crímenes contra nuestros/as colegas. Para ellos y las familias que dejan atrás creemos que esta denuncia es un primer paso adecuado para lograr justicia para ellos/as y para todos/as los periodistas palestinos/as".