"El tribunal polaco ha extendido la prisión preventiva de González por falta de pruebas. Es una estrategia para doblegar su voluntad y obligarle a aceptar falsas acusaciones", afirma su abogado español Gonzalo Boye. El periodista, que tiene la nacionalidad española y rusa, fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad Polaco (ABW) por supuestamente "realizar acciones contra el Estado polaco". 

González lleva seis meses incomunicado. Sus familiares y amigos denuncian que reciben muy pocas noticias sobre González. Su familia ha solicitado autorización para visitarle en la cárcel, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta oficial, y tampoco se ha permitido contacto telefónico durante estos seis meses. 

El 30 de julio su abogado español presentó una solicitud al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OHCHR) para que investigue su detención arbitraria. 

González, periodista especializado en el mundo postsoviético, es colaborador habitual del diario español Público y había estado informando desde la frontera la frontera polaco-ucraniana sobre la crisis humanitaria para varios medios de comunicación españoles, entre ellos La Sexta. 

"La prórroga de su prisión preventiva junto a la falta de argumentación jurídica para su detención son una afrenta a la libertad de expresión en un país de la Unión Europea", ha declarado Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

La FSC-CCOO ha condenado el oscurantismo y la falta de información por parte del gobierno polaco sobre el caso. "Un Estado que no garantiza la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas no puede considerarse una verdadera democracia", ha declarado el sindicato en un comunicado. 

Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha afirmado: "Hay que denunciar que no se han respetado sus derechos. González debe tener un juicio justo sin más demora. Es necesario conocer los argumentos de la fiscalía para una acusación tan grave y él debe ser puesto en libertad provisional, con las medidas cautelares que el tribunal considere necesarias". 

La Asociación de Periodistas de España (UGT) ha condenado las condiciones en las que se encuentra detenido González, "sin tener asistencia legal de su elección ni poder ver a su familia. Una situación que atenta contra los derechos humanos y es impropia de un país que se dice democrático”.

En una declaración conjunta, la FIP y la FEP: "renovamos nuestro llamamiento al gobierno polaco para que retire todos los cargos contra nuestro colega y lo libere sin más demora. Es inaceptable que un estado miembro de la Unión Europea detenga a un periodista de una forma tan arbitraria. Es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia".