En Brasil dos casos muy recientes demuestran como la justicia puede operar en desmedro de lxs periodistxs. Rubens Valente, experimentado periodista de investigación, publicó en 2008 el libro  "Operação Banqueiro" (Operación Banquero) -reportaje sobre Daniel Dantas, el banquero detenido en 2008 por nombrar a Gilmar Mendes, ministro del tribunal. Valente fue demandado por “daño moral” por el integrante del Poder Judicial y si bien en primera instancia el fallo fue favorable al periodista, ya que la investigación es veraz, Mendes triunfó en su apelación a los tribunales superiores y obtuvo una indemnización de R$ 143.000, que Valente pagó con todos sus ahorros.  Además sentó un grave antecedente jurídico de censura “legal” al condenar a la editorial a incluir en el texto la demanda de 200 páginas y el fallo jurídico si el libro es re editado, lo que multiplica los costos. Como también el caso de Juliana Dal Paiva  complica severamente las condiciones de lxs periodistxs brasilerxs al multarla con R$10.000 por la difusión de las conversaciones “privadas” con Frederick Wassef,  abogado del presidente Jair Bolsonaro. En un fallo incongruente, el juez Flavio Coimbra Junqueira  reconoció las amenazas como daños morales y condenó a Wassef a responder por la misma suma de R$10.000. Como manifestó la Federación Nacional de Periodistas a través de la Comisión Nacional de Mujeres Periodistas  en este comunicado “la conversación entre el periodista y el abogado de Bolsonaro fue motivada por una investigación periodística. Por ello, Wassef respondió, en su calidad de personaje público, con un interrogatorio que intentaba intimidar a la reportera. En este caso, Dal Piva tiene derecho a divulgar el mensaje porque estaba desempeñando su función de reportero.” La difusión de mensajes que prueban amenazas es, además, la herramienta fundamental que tienen lxs trabajadorxs de prensa para resguardar su seguridad. 

En Uruguay, el 16 de septiembre de 2021 trabajadorxs de la revista Caras y Caretas y del periódico La Diaria fueron llamados a declarar ante la justicia por una demanda por “difamación e injurias” presentada por Pilar Silvestre, dirigente del partido de derecha Cabildo Abierto.   Lxs periodistxs tuvieron que enfrentar el reclamo de la ex funcionaria por tan sólo recordar sus hechos de corrupción de público conocimiento, al ser candidata a un nuevo cargo público en un ministerio.

En El Salvador, APES y otras organizaciones sindicales apelaron a la Corte Suprema de Justicia la modificación al código penal que condena  de 10 a  15 años de privación de libertad a quienes “reproduzcan y transmitan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”. Ésta modificación deja en una zona gris el trabajo periodístico, que apegándose a la información, que debe reproducir lo que digan todos los actores de un hecho. También en ese país centroamericano, en septiembre de 2021, el asesor jurídico de la Casa Presidencial Javier Argueta, mediante un mensaje en su cuenta de twitter, amenazó con sanciones a la revista GatoEncerrado por no querer revelar sus fuentes ante una noticia en la que se lo involucraba. Lxs periodistas del medio aclararon que cumplieron con todos los mecanismos para contrastar la información y que se otorgó al funcionario la posibilidad de referirse a los hechos, derecho que Argueta no quiso ejercer.

Perú aporta dos casos de buenas noticias para lxs comunicadorxs. El periodista Christopher Acosta  triunfó en segunda instancia  ya que su demandante, el dirigente y empresario César Acuña, retiró la demanda que le inició al periodista por la publicación del libro “Plata como cancha” donde Acosta relata  la conducta del ex alcalde del Departamento de Trujillo.  También es reciente el triunfo de la periodista Paola Ugaz, quien publicó junto a Pedro Salinas el libro “Mitad monjes, mitad soldados” sobre casos de abuso físico y sexual en la comunidad cristiana El Sodalicio de Vida Cristiana. La publicación del libro molestó a Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, desde donde inició una campaña de desprestigio hacia la comunicadora, afirmando que estaba involucrada en el  lavado de dinero y hasta en la  venta de uranio. En una entrevista se le pregunta a Ugaz por las acusaciones que califica de “difamatorias”, esto le dio la excusa a Revoredo para demandarla por “difamación” a la periodista, en una insólita tergiversación de los hechos. Afortunadamente Paola Ugaz fue absuelta. 

En julio de 2021 la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que el periodista Carlos Yofré López Sifuentes es víctima de una operación de sectores del poder judicial a los que él habría investigado. El trabajador de prensa fue acusado por “calumnias e injurias” por dos  jueces, uno de ellos denunciado en los artículos de López Sifuentes por acoso sexual por una de sus empleadas.

En la provincia argentina de La Rioja la comunicadora social Manuela Calvo sufrió un allanamiento y el secuestro de todos sus elementos de trabajo, por investigar un caso de abuso sexual infantil que involucra a un alto funcionario del Poder Judicial provincial. Calvo ya se había allanado a la orden de la jueza de instrucción María Eugenia Torres, quien le ordenó bajar de sus redes sociales todo contenido sobre el caso “Arcoiris”, nombre ficticio de la menor agredida. En concordancia con la  persecución desde el Poder Judicial, la comunicadora no pudo estrenar un cortometraje de animación por tratar el tema del abuso sexual infantil  y las re vinculaciones forzadas. Luego de que el caso tomara dominio público, la periodista pudo recuperar sus pertenencias. 

La persecución judicial suele una herramienta del poder político y económico, que utiliza sus resortes y esquemas de contactos para sostener sus privilegios en desmedro de los intereses colectivos y del derecho de los pueblos a la información. En línea con asegurar y defender las garantías necesarias para que lxs periodistxs puedan ejercer su profesión, la FIP expresa su preocupación por el incremento de la judicialización a la prensa y está alerta ante posibles leyes que podrían condicionar aún más el ejercicio de la libertad de expresión.