Colombia: Periodista protegida bajo vigilancia sin su consentimiento

La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia ha sido acusada de recoger ilegalmente datos altamente sensibles sobre los movimientos de Claudia Julieta Duque, una periodista de investigación que ha sufrido graves amenazas de muerte y tortura psicológica por parte de las autoridades colombianas.

Claudia Julieta Duque

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se une a los crecientes llamamientos para que la UNP explique cómo y por qué recopiló miles de movimientos de Duque sin su consentimiento y que se le devuelvan todos los datos.

En una carta enviada al director de la UNP la FLIPdice haber detectado “más de 25.000 registros, recolectados por la UNP, tomados entre febrero y agosto de 2021 por medio del dispositivo GPS instalado en el vehículo de protección asignado a la periodista”.

Según esta organización, el monitoreo es  “permanente, detallado y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos” e incluye la “fecha, hora, direcciones de ubicación exactas, sentido en el que se conduce el vehículo y un enlace de localización de Google Maps".

Claudia Julieta Duque ha denunciado que nunca se le informó de que el dispositivo GPS podría realizar un seguimiento tan detallado y se utilizaría para rastrear todos sus movimientos.

 

"En el inventario que te dan cuando te entregan el vehículo, ni siquiera figura el GPS. Es decir, que es una información que nunca se oficializó, que nunca me pidieron permiso ni nada", afirmó la periodista en declaraciones a LatAm Journalism Review.

Perseguida y hostigada por hacer su trabajo

La periodista ha sufrido durante casi una década la persecución y el hostigada junto a su familia por agentes oficiales y no oficiales al servicio del ya diluido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano.

La razón de la hostilidad para con Duque, que debió exiliarse del país tres veces desde 2001, fue su investigación sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón, reconocido por su activismo y su participación en favor de la paz en el país sudamericano.

La persecución contra Duque fue tan intensa y abarcó tantos métodos diferentes de intimidación que en 2017 la Fiscalía 189 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien llevaba el caso, afirmó que los hechos cumplían las características de un delito de lesa humanidad.

En agosto de 2020, la justicia emitió un fallo histórico contra el Estado colombiano como responsable directo de la tortura psicológica sufrida por Claudia Julieta y obligándole a indemnizar a la víctima.

La FIP ha dado apoyo a la periodista a través de su Fondo de Seguridad (Safety Fund).

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, ha dicho: “Es aterrador descubrir que la UNP, que debiera ser la garante de la seguridad de Duque, esté recogiendo sin ningún tipo de consentimiento información sensible que podría poner en serio peligro la vida de nuestra compañera. Rechazamos estas prácticas de la UNP y exigimos explicaciones. Duque se merece vivir segura”.

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