Todos los periodistas y medios de comunicación de Honduras tienen derecho a trabajar libremente y sin amenazas, advierte la FIP

  La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresa su máxima condena por la clausura militarizada de Radio Globo y por la acción similar  contra la emisora de televisión Canal 36, ambas con sede en la capital Tegucigalpa. Policías y militares no sólo han cancelado brutalmente la emisión, sino que han retirado parte de los equipos técnicos de Radio Globo.

Las autoridades implantadas tras el golpe del 28 de junio han decretado ayer la restricción de las libertades públicas, incluyendo las de prensa e información. Además del toque de queda, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti ha emitido un decreto que permite cierres, restricciones y censura de los medios favorables al presidente legítimo, Manuel Zelaya, reconocido por todas las instancias internacionales.

La FIP respalda las demandas de sus afiliados en la región y las de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) que exigen el cese de todas las agresiones contra los medios que intentan informar libremente de la crisis o de las actividades de Manuel Zelaya, que fuera expulsado del poder por la fuerza hace tres meses.

“Rechazamos en voz alta el empeño del gobierno de facto de castigar a los que informan de las actividades de la presidencia legítima del país o informan de las manifestaciones que –en la calle y en los medios- siguen rechazando el golpe de fuerza”, ha declarado Aidan White, Secretario General de la FIP, quien ha añadido: “El libre ejercicio del periodismo no puede ser condicionado, en uno u otro sentido, por la valoración que hagan los distintos medios de la grave situación que sufre Honduras”.

La FIP asume la petición de garantías que ha hecho la relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que constata un nuevo empeoramiento de la libertad de información y de los periodistas desde que Zelaya regresara a Honduras y se refugiara en la embajada de Brasil hace más de una semana.

Según la relatoría de la OEA, Canal 36 y Radio Globo, ambos de la capital Tegucigalpa, habian sufrido ya antes bloqueos, cortes del suministro eléctrico y de los medios técnicos de transmisión. El dedo acusador de Roberto Micheletti les ha señalado acusándoles de “terrorismo mediático”, simplemente porque informaron del regreso de Zelaya.

  Otros medios, como Radio Progreso, del departamento del Yoro, decidieron interrumpir su actividad ante las amenazas de los militares. El director de esa emisora, que es el sacerdote Ismael Moreno, ha sido amenazado de muerte. Con motivo de la represión de los manifestantes que se encontraban ante la embajada de Brasil, periodistas de Reuters y Associated Press fueron obligados a salir de la zona. Aunque son varios, no se ha determinado con precisión el número de muertos por la represión militar y policial del movimiento favorable a Zelaya.

La periodista Agustina Flores, de Radio Libertad, ha sido golpeada salvajemente y detenida, sin que le permitieran recibir -en el calabozo- la atención que precisaba para tratar una enfermedad crónica que padece.

El presidente de la FEPALC, Celso Schroeder, ha propuesto el envío urgente de una misión de diversas organizaciones gremiales latinoamericanas para apoyar a los periodistas y medios que sufren los ataques del poder que encarna Roberto Micheletti, quien sí cuenta con el abierto sostén de diversos medios de prensa.

La FIP afirma que acrecentar los ataques al libre ejercicio del periodismo sólo servirá para agravar la crisis política y contribuirá a alejar toda posibilidad de acuerdo negociado y de mediación internacional.

“Todos los medios y los periodistas hondureños, de todas las tendencias”, ha concluido White, “tienen que trabajar seguros y sin sufrir ningún tipo de coacciones. Y los medios clausurados, deben volver al aire cuanto antes”.

 Si desea más información, pueden llamar al teléfono + 32 2 235 22 06     

La FIP representa a unos 600.000 periodistas en 123 países