En Línea Directa: Colombia, Junio, 2003

En línea Directa: Colombia


04/07/2003


Periodistas denuncian presiones del gobierno local


Junio 6. Mediante comunicado público, un grupo de más de 30 periodistas de la provincia de Boyacá (al oriente de Colombia) denunciaron presiones de parte de los funcionarios de entidades públicas y del gobierno local. Según los periodistas la publicidad oficial en Boyacá es utilizada para castigar o premiar –según el caso- a los medios de comunicación y a los periodistas.


De acuerdo con la ONG “Centro de Análisis de Información”, en la primera semana de junio el periodista Ricardo Rodríguez, jefe de redacción del semanario “Boyacá 7 Días” fue agredido verbalmente y dicho semanario fue objeto de veto informativo por parte de del Gobernador de la provincia de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez.



Cae proyecto de ley mordaza y revive ley restrictiva


Junio 6. El proyecto de ley que propone penas de prisión para los periodistas y columnistas por delitos de calumnia e injuria fue retirado del Parlamento por su autor, el senador conservador Juan Gómez Martínez. El proyecto intentaba aplicar penas de prisión no sólo a los periodistas, sino a los columnistas, cronistas y hasta a los directores de medios en el caso de que no fuera posible revelar la autoría de un artículo firmado con seudónimo.


El proyecto fue retirado, luego de que uno de sus ponentes el parlamentario Gómez Gallo explicara que dio concepto negativo a la iniciativa legislativa porque “considera que penalizar la información, de alguna manera va en contra del derecho constitucional de informar y ser informado” y agregó que es más partidario de la rectificación, que de una ley que amordace a la prensa.


No obstante Juan Gómez Martínez, quien paradójicamente fue director de el diario regional “El Colombiano”, manifestó que es su intención presentar nuevamente esta iniciativa en la próxima legislatura.


Sin embargo, simultáneamente la Cámara de Representantes del Parlamento revivió la polémica ley sobre el ejercicio periodístico, recién aprobada por el Congreso, y que no fue sancionada por el Presidente de Colombia.


El 28 de diciembre del 2002, Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, devolvió al Congreso el texto de la ley del periodista, porque “en la medida que el legislador pone condicionamientos como la acreditación de la categoría para ejercer el periodismo o la comunicación social, está limitando la libertad de prensa”.

La ley en mención reconoce la categoría de periodista a las personas que acreditaran idoneidad con título profesional o con diez años de experiencia en el campo ante el Ministerio del Trabajo, y crea un consejo semi-oficial encargado de autorizar quién puede y quién no puede ejercer el periodismo en Colombia.


El ejecutivo además consideró que dicha ley “viola el derecho al trabajo en la medida que establece una discriminación contra las personas que a pesar de poseer el conocimiento, la vocación, tantas cualidad para expresar su opinión, ven coartado su derecho por no cumplir los requisitos que se exigen para que los acrediten en la categoría de periodistas profesionales”.


No obstante el 16 de junio una comisión integrada por congresistas determinó que la citada ley no viola la Constitución como lo consideró el Presidente de Colombia. En consecuencia, el futuro de la ley quedó en manos de la Corte Constitucional.


Para periodistas y algunos profesores universitarios, como Alejandro Manrique y Maryluz Vallejo, esta ley es “ingenua y muchas de sus normas son inocuas: ingenuo porque se espera que los empresarios de medios hagan aportes voluntarios a un Fondo de apoyo para periodistas; e inocuo porque esta ley no toca los problemas de fondo que enfrentan los periodistas, tales como la monopolización de los medios de comunicación, condiciones laborales indignas, ataque a la vida e integridad de los periodistas.



Decisión judicial responsabiliza a periodistas por errores de fuentes oficiales


Junio 22. La Sala Civil de la Corte Suprema divulgó un falló de diciembre pasado, según el cual los periodistas colombianos no podrán argumentar en su defensa –en un eventual juicio por evadir responsabilidades pecuniarias- que una noticia proviene de una fuente oficial. Más aún, los magistrados trasladan a medios y periodistas la responsabilidad por las informaciones erradas que suministren fuentes oficiales.


La sentencia en cuestión, condena solidariamente al desaparecido noticiero de televisión “QAP” y a su periodista Víctor Javier Solano a pagar al afectado USD $7225 por mostrar imágenes de presuntos criminales, suministradas por la Fiscalía General de la Nación. La familia de los implicados demandó al noticiero, pero no a la Fiscalía, por daños morales y pidió indemnización.


Según algunos medios de comunicación, este fallo podría abrir un hueco por el cual podrían filtrarse muchas otras demandas contra medios y periodistas.



Asociación de Prensa denuncia agresiones por parte de sindicalistas


Junio 21. La Asociación de Periodistas de Barrancabermeja –APB- denunció agresiones físicas contra el camarógrafo Guillermo Gómez e intimidaciones contra la periodista Yesenia Mabel Ayala, ambos trabajadores del noticiero local de televisión “Enlace Televisión”, por parte de sindicalistas de la “Unión Sindical Obrera” (USO), en la ciudad de Barrancabermeja (al nororiente de Colombia).


La USO, el sindicato de la Empresa de Petróleos de Colombia -ECOPETROL- se encuentra adelantando protestas y manifestaciones desde hace un par de semanas en Barrancabermeja, como consecuencia de las decisiones oficiales sobre el destino de ECOPETROL.


De acuerdo con la APB, el 28 de junio el mencionado camarógrafo fue amenazado con un arma corto punzante por parte de uno de los manifestantes de la protesta cuando cubría la manifestación; y la periodista fue señalada en las marchas de estos días como 'persona no grata' .


La Asociación de Periodistas de Barrancabermeja envió una carta a las directivas de la USO solicitando “cordura y la tolerancia”, reclamando respeto a la libertad de

expresión y pidiendo que no involucren a los periodistas en el conflicto. □