APU: Condenan decisión judicial que procesa a periodista uruguaya

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su preocupación por la decisión de la jueza de Cerro Largo, Patricia Hernández, que resolvió procesar con cinco meses de prisión a la periodista de ese departamento, Marlene Vaz, por un delito de difamación.

En el mes de enero, Vaz publicó en el semanario de Río Branco "Opción Cero" una nota bajo el título "La cobardía de un oficial de policía" en la que daba cuenta, sin identificar a un funcionario en particular, sobre el maltrato a uno de sus hijos en la seccional policial de Laguna Merín.

El oficial de policía Neiker Bejeres resolvió acusar a la periodista por difamación. Coincidentemente, Bejeres estuvo involucrado hace un año en un hecho irregular vinculado al robo de un contrabando de zapatillas, lo que fue denunciado en su momento por Vaz en "Opción Cero".

La fiscal Adriana Umpiérrez solicitó cinco de meses de prisión para Vaz por el delito de difamación, lo que fue respaldado por la jueza Hernández. De todas formas, Hernández suspendió la pena pero ordenó que la periodista sea sometida a vigilancia policial por el plazo de un año, y que "Opción Cero" publique de manera íntegra la sentencia.

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe se unió a la APU en la solidaridad y respaldo legal a la trabajadora y recordó que hace tres meses una comisión de expertos en libertad de expresión y derechos humanos entregó al gobierno un proyecto de ley por el que se despenaliza este tipo de delitos y se alinea, de esta forma, a los estándares interamericanos de derechos humanos.

Otro hecho grave ocurrido en el periodismo uruguayo tiene relación con un nuevo juicio por difamación e injurias, esta vez contra el periodista Roger Rodríguez del diario “La República”.

El hecho de que el mayor (r) Enrique Mangini, que se expuso públicamente armado y arengando en favor del ex represor general (r) Iván Paulos, acuda al recurso de la ley de prensa para enjuiciar a los periodistas demuestra lo absurdo de la denuncia contra este colega, y confirma que la penalización a través de los delitos de prensa, violenta la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, como lo denunció la Asociación de la Prensa Uruguaya en numerosas oportunidades.