DECLARACIÓN Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible

Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible

26 de agosto al 4 de septiembre de 2002

Periodistas de todo el mundo piensan que la Cumbre Mundial 2002 de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible ofrece una oportunidad única para el cambio, pero que no se alcanzarán nunca sus elevados objetivos sino se realiza un nuevo compromiso internacional de apoyo a la libertad de prensa y la democracia.

El ambicioso plan de los organizadores destinado a proteger el medio ambiente y erradicar la pobreza no podrá tener éxito a menos que se realice un compromiso que implique la participación de todos los ciudadanos (incluyendo los de los países más pobres del mundo) en el gran debate sobre el cambio. Las actividades de los medios de comunicación deben tener un carácter pluralista y no estar dominadas por los intereses comerciales de las grandes empresas internacionales. Los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión son una parte fundamental del debate sobre el desarrollo sostenible. Las personas deben ser libres de decir lo que piensan y tener acceso a la información que necesitan para tomar decisiones respecto al futuro. Todas esas cuestiones son muy importantes para la definición y construcción de una sociedad aceptable, al igual que lo es la necesidad de contar con servicios públicos asequibles, equitativos y de alta calidad como, por ejemplo, sistemas públicos de radiodifusión y televisión dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En muchas zonas del mundo donde se dan los problemas más graves (África, América Latina y los países de Asia más poblados), los medios de comunicación no son libres y el periodismo es una profesión peligrosa y de alto riesgo. El desarrollo sostenible es imposible de alcanzar cuando las personas viven envueltas en la ignorancia, la corrupción y el miedo.


Muchos periodistas temen que la cumbre de Johannesburgo se convierta en una especie de tertulia de proporciones gigantescas. Si se pretende que sea un éxito, es preciso que haga frente a la crisis de la democracia y los derechos humanos y que garantice que las campañas dirigidas a promover el desarrollo sostenible, reducir la pobreza y proteger el medio ambiente vayan en paralelo con la construcción de sociedades democráticas y pluralistas. La libertad de prensa y el pluralismo deben convertirse en prioridades de actuación.


La segunda amenaza al éxito de la cumbre proviene de la confrontación de opiniones distintas respecto al futuro del comercio mundial. Sería una tragedia de proporciones mundiales si los planes previstos por la cumbre de Johannesburgo se apropian por los intereses del libre mercado. Vivimos en la época de los mercados libres, pero es precisamente ahora cuando las empresas internacionales son cada vez más grandes y poderosas. Por esa razón, están empezando a plantearse cuestiones más que razonables sobre cómo se dirigen esas grandes empresas, quién las controla y a quién tienen que dar cuentas de su gestión.


La crisis de confianza provocada por los recientes escándalos financieros en diversas empresas es solamente una de las facetas del fracaso en el control de las compañías multinacionales que son las protagonistas del movimiento de globalización del comercio mundial. No es suficiente con exigir que se mejoren las normas contables que rigen la vida de las empresas y se establezcan medidas enérgicas contra el falseamiento de los hechos por ellas mismas, sino que también es urgente enfrentarse al claro fracaso en el cumplimiento de sus responsabilidades frente a los empleados, al medio ambiente y a las comunidades locales a las que pertenecen.


La FIP apoya las peticiones realizadas por sindicatos internacionales de todo el mundo respecto a la necesidad de crear nuevos instrumentos globales que obliguen a las grandes multinacionales (incluyendo a las empresas de medios de comunicación) a dar cuenta y ser responsables de sus actividades. Es preciso encontrar medios para lograr influenciar las actuaciones de las empresas, sobre todo en un momento en que las compañías privadas, incluyendo aquéllas con importantes intereses en los medios de comunicación, están consiguiendo un poder cada vez mayor sobre los bienes y servicios públicos básicos.


La empresa francesa Vivendi, por ejemplo, es una de las primeras del mundo en el sector de medios de comunicación y a la vez es responsable del suministro de agua (el más importante de todos los bienes públicos) a 110 millones de personas en todo el mundo. Asimismo, es una compañía con un pasado y un presente muy difíciles.


La FIP recuerda que, según diversas informaciones de los medios de comunicación, en el año 2001 un alto directivo de Vivendi fue declarado culpable por un delito de soborno en Italia por haber pagado al alcalde de Milán por la consecución de diversos contratos, y en 1997, el ministro francés Jean Michel Boucheron fue condenado por haber aceptado sobornos de la Compagnie Générale des Eaux (la predecesora de Vivendi). Por otra parte, se ha acusado públicamente a Vivendi de haber atentado contra el medio ambiente en diversos países pobres. Así, los servicios de suministro de agua y de eliminación de residuos de Puerto Rico que se gestionaban anteriormente por la Aqueducts and Sewers Authority se privatizaron en el año 1995 y pasaron a ser administrados por la empresa Compañía de Aguas propiedad de Vivendi. Desde esa fecha, la empresa se ha visto afectada por dos informes muy negativos contra ella elaborados por el organismo interventor portorriqueño, tras lo cual se le impusieron multas por un valor total superior a los seis millones de dólares por diversas violaciones de las leyes sobre protección del medio ambiente. Las empresas que menosprecian a los inversores y a las acciones judiciales también faltan a sus responsabilidades respecto al medio ambiente y a sus empleados. Es preciso encontrar una solución al problema del gobierno de las empresas y en ella deben incluirse nuevas responsabilidades para sus consejeros y directivos.


Ya es hora de que se establezca una cultura de responsabilidad social de las empresas, que exija a sus directivos que tengan en cuenta el efecto de sus acciones sobre el medio ambiente, los derechos humanos, las comunidades locales y sus empleados.


Necesitamos nuevas instituciones internacionales que defiendan los derechos, fomenten el desarrollo y la democracia y frenen el poder de esa elite de directivos de empresa no elegidos democráticamente que controlan el comercio mundial.


La cumbre de Johannesburgo ofrece una excelente oportunidad práctica para lograr la colaboración necesaria y el aprovechamiento mutuo de las diversas experiencias y aspiraciones de los participantes. Sin embargo, si los gobiernos que niegan a sus ciudadanos los derechos fundamentales no se ven amenazados y no se pone freno a las empresas multinacionales, entonces habremos perdido una oportunidad única.


Bruselas, 19 de agosto de 2002