194 atentados a la prensa peruana en 2010

 

Informe ANP: Una agresión contra periodistas cada

48 horas
 
194 ATENTADOS A LA PRENSA PERUANA EN

2010
 
Un total de 194 atentados se cometieron contra

los periodistas peruanos en el 2010 (casi uno cada 48 horas) de acuerdo con el

balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
 
La agresión

física y verbal encabezan los atentados con 87 casos. Le siguen la amenaza y

hostigamiento (46), así como la presión jurídica (26). También han ocurrido 15

presiones administrativas, 11 trabas al ejercicio de la profesión periodística,

cinco detenciones arbitrarias, tres daños a la propiedad y una traba a la

circulación de la información.
 
En su mayoría, los atentados los

cometieron civiles (89), seguido por funcionarios civiles (63);

policías/militares y/o serenos (27), además de 15 agresiones perpetradas 

por elementos no identificados.
 
Cajamarca y Maynas con más

agresiones a periodistas
 
Cajamarca con 20 atentados, Maynas con 19

y Lima con 16 se convirtieron este año en las áreas de mayor peligro para

ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Chiclayo y Huamanga con nueve;

Coronel Portillo con ocho; y Huaura y Mariscal Nieto con siete

respectivamente.
 
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana

fueron Alto Amazonas y el Santa donde se cometieron en cada ciudad seis

atentados contra la prensa nacional, de acuerdo con el informe de la

OFIP.
 
Cinco agresiones se han cometido en Andahuaylas, Carabaya y

Huánuco. Cuatro en Ferreñafe, Huaraz, Ica, San Martín, Utcumbamba; tres en

Huaylas, Lambayeque, Leoncio Prado, Pacasmayo, Padre Abad, y Sechura.


 
Con dos atentados contra el libre ejercicio periodístico se

encuentran Arequipa, Atalaya, Azángaro, Callao, Piura, Satipo, Sullana; y con

uno Caravelí, Casma, Condorcanqui, Chanchamayo, Chepén, Espinar, Huallaga,

Huaral, Ilo, Jaén, Lamas, Loreto-Nauta, Moyabamba, Palpa, Pomabamba, San Román,

Rioja, Tumbes y Trujillo y Urubamba.

 

Un total de 68 periodistas de radio resultaron agredidos

este 2010, e igual número en el caso de los comunicadores de la prensa escrita.

En el caso del área televisiva, se cometieron 58 atentados.
 
De ese

total, fueron blancos de atentados 157  varones;  26 mujeres y 11

medios de comunicación.
 
Entre los episodios de mayor recordación

del 2010, sin duda está la restitución, el 19 de agosto, de la licencia a Radio

La Voz, de Bagua, tras catorce meses de espera y protesta.
 
En el

año el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) arremetió contra Radio

Televisión Oriente (Yurimaguas) y Radio La Buenísima (Sechura). En el primer

caso, en el mes de enero, anuló la licencia de funcionamiento del canal de

televisión que transmitía por UHF alegando que no contaba con autorización. En

el segundo, apoyado en un cuerpo de 25 policías y dos funcionarios del MTC

confiscó equipos de transmisión.
 
Ataques a Radio La Bravaza (La

Libertad), en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron dos bombas caseras y a

Radio Libertad (Atalaya, Ucayali), que fue incendiada, también por elementos no

identificados, son muestras de la intolerancia propia de campañas electorales

como las recientemente vividas. A lo relatado se suma lo acontecido también en

Atalaya donde un grupo de simpatizantes del Movimiento Político Todos Somos

Ucayali destruyó los equipos de transmisión de radio Melodía.
 
Entre

las presiones jurídicas registradas en el año es importante destacar lo sucedido

en el mes de agosto en Satipo, Junín, con el periodista Fernando Santos Rojas

quien fue sentenciado a un año de pena privativa de libertad suspendida en la

querella por el delito contra el honor, interpuesta por César Augusto Merea

Tello, alcalde de Satipo.  Santos, vía radio Estudio 99, criticó a la

autoridad municipal sobre presuntos hechos de corrupción que investigaba el

Ministerio Público.
A ello se suma la sentencia contra el periodista José

Alejandro Godoy, del blog político “Desde el Tercer Piso”, condenado a tres años

de pena privativa de libertad suspendida y al pago por concepto de reparación

civil de 300 mil nuevos soles (US$ 107 mil), así como, a 120 días de trabajo

social –el periodista fue querellado Jorge Mufarech, ministro del gobierno de

Alberto Fujimori y congresista en el gobierno de Alejandro Toledo-.

 

En diciembre y para cerrar el año un fallo del Tribunal

Constitucional (TC) dictado en el marco de un proceso sobre hechos de corrupción

(“petroaudios”) prohibió a los medios de comunicación la divulgación de

conversaciones telefónicas interceptadas o ‘”chuponeadas”, sin el consentimiento

de los involucrados.


La sentencia del TC hecha pública el 9 de diciembre señalaba que “los

medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir

interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista

autorización de los interlocutores grabados o un mandato judicial motivado que

permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser

denunciados penalmente”.

 

Tras la crítica unánime del gremio de la prensa el Tribunal Constitucional

aclaró su posición el 14 de diciembre, precisando que se puede difundir siempre

que el tema sea de “interés público”.
 
Perú, a pesar de no tener el

número de periodistas asesinados de México y Honduras, sigue siendo considerado

como uno de los territorios más riesgosos para el ejercicio periodístico,

registrando el número más alto de agresiones físicas y querellas judiciales en

la región durante el 2010.