SNTP: periodistas venezolanos rechazan acusaciones de recibir financiamiento del gobierno norteamericano

Un grupo de periodistas acusados por la abogada Eva Golinger y Mario Silva, conductor del programa del canal 8 “La Hojilla”, de haber recibido financiamiento del gobierno de los Estados Unidos de América para supuestamente impulsar actividades antivenezolanas, rechazaron hoy tales acusaciones y exigieron a la Asamblea Nacional que se les escuche en los mismos términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes.

En Rueda de prensa realizada en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), los periodistas de medios impresos, radio y televisión leyeron un comunicado suscrito por Aymara Lorenzo, Aliana González, Maye Primera, Yelitza Aliotty, Roger Santodomingo, Roberto Giusti, Miguel Angel Rodríguez, Alfredo Meza, Raquel Seijas, Ramón Pasquier y Ana Karina Villalba, en el que rechazaron que se les haya sometido al escarnio público sin investigaciones, sin pruebas y sin que exista ninguna medida judicial en su contra.

Asimismo, deploran que el Poder Legislativo esté siendo utilizado “como un órgano de amedrentamiento y difamación de ciudadanos y ciudadanas, para iniciar una investigación con claros fines de una campaña política”.

“Censuramos que el argumento utilizado en nuestra contra sea el haber participado en actividades de intercambio cultural y de actualización profesional, cuando esto no constituye delito alguno dentro del marco jurídico vigente en nuestro país. Peor aún es que la información respecto a las condiciones de dicha participación ni siquiera haya sido verificada”, agrega el documento.

Consideran que están siendo victimas de una campaña política, pues los acusadores y la Asamblea Nacional, ignorando la verdadera naturaleza de estos programas, pretenden relacionar tales intercambios con actividades ilegales que constituirían un supuesto delito como el que se les pretende imputar.

De manera enfática repudiaron “que con estas acusaciones pretendan amedrentarnos en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, al poner en tela de juicio nuestra ética profesional y nuestra integridad como venezolanos. La credibilidad es una condición fundamental para el trabajo de los periodistas. La exposición al odio público nos afecta no sólo como personas sino profesionalmente. Hacemos responsables a los voceros de esta maniobra, especialmente a los diputados, de cualquier ataque que podamos sufrir”.

Condenaron que los diputados a la Asamblea Nacional pretendan con esta acusación restringir el derecho a buscar, recibir y difundir información libremente y exigieron que se les escuche en los mismos términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes. “Es nuestro derecho constitucional a réplica, y estamos decididos a ejercerlo, pues la Asamblea Nacional no tiene potestad legal para interpelarnos sobre este tema”, afirmaron.

“Dicho esto, aclaramos que nosotros, como participantes o invitados a programas de intercambio cultural, en ningún caso se nos ha propuesto ni nos hemos comprometido política o laboralmente con los Estados patrocinantes. Estas actividades no sólo forman parte de una antigua tradición entre los países que sostienen relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que son completamente legales y suelen estar dirigidas a profesionales de todas las disciplinas” agregaron.

Para los periodistas, la lista presentada por Golinger y Mario Silva ante la Asamblea Nacional fue elaborada de manera irresponsable y arbitraria, pues en ella se incluyó a periodistas que fueron invitados mas no participaron en estos programas y, al mismo tiempo, se excluyó a comunicadores vinculados al gobierno, que sí fueron beneficiarios de estos intercambios.

Por todos estos manejos irregulares, su conclusión es que, “tanto quienes formulan las denuncias como quienes las avalan en el Parlamento y en los medios oficiales, pretenden descalificarnos como profesionales, amedrentarnos, y criminalizar el libre ejercicio del periodismo independiente en Venezuela”.

Anunciaron que continuarán ejerciendo el derecho a la libertad de expresión,”no sólo por nuestra obligación como periodistas sino por nuestro compromiso con Venezuela, pues se trata de un elemento esencial para la democracia”.

En la rueda de prensa fueron mostrados ejemplares del diario oficialista VEA y la página del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera de Colombia, en el cual se les expone al desprecio público como enemigos de pueblo venezolano. Los comunicadores estudian otras medidas que se consideren necesarias para enfrentar lo que a su juicio constituye una perversa campaña orquestada para afectar su credibilidad profesional y la de los medios de comunicación donde trabajan.


A la opinión pública


Nosotros, periodistas venezolanos, fijamos posición respecto a las denuncias que hicieron públicas los ciudadanos Eva Golinger y Mario Silva, en las que se nos acusa de haber recibido financiamiento del gobierno de los Estados Unidos de América para supuestamente impulsar actividades antivenezolanas. En tal sentido, nos vemos obligados a señalar lo siguiente:


1. Rechazamos que en forma deliberada se nos señale de haber incurrido en delitos, sin que nuestras acciones estén determinadas en la ley como tales y sin que hasta el momento medie una investigación penal ni se hayan presentado pruebas en nuestra contra, ni se haya obtenido decisión judicial alguna.


2. Deploramos que se pretenda utilizar al Poder Legislativo como un órgano de amedrentamiento y difamación de ciudadanos y ciudadanas, para iniciar una investigación con claros fines de una campaña política.


3. Censuramos que el argumento utilizado en nuestra contra sea el haber participado en actividades de intercambio cultural y de actualización profesional, cuando esto no constituye delito alguno dentro del marco jurídico vigente en nuestro país. Peor aún es que la información respecto a las condiciones de dicha participación ni siquiera haya sido verificada.


4. Denunciamos que, ignorando la verdadera naturaleza de estos programas, se pretenda relacionar tales intercambios con actividades ilegales que constituirían un supuesto delito como el que se nos pretende imputar.


5. Repudiamos que con estas acusaciones pretendan amedrentarnos en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, al poner en tela de juicio nuestra ética profesional y nuestra integridad como venezolanos. La credibilidad es una condición fundamental para el trabajo de los periodistas. La exposición al odio público nos afecta no sólo como personas sino profesionalmente. Hacemos responsables a los voceros de esta maniobra, especialmente a los diputados, de cualquier ataque que podamos sufrir.


6. Condenamos que diputados a la Asamblea Nacional pretendan con esta acusación restringir nuestro derecho a buscar, recibir y difundir información libremente.


7. Finalmente exigimos a los diputados de la Asamblea Nacional que se nos escuche en los mismos términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes. Es nuestro derecho constitucional a réplica, y estamos decididos a ejercerlo, pues la Asamblea Nacional no tiene potestad legal para interpelarnos sobre este tema.


Dicho esto, aclaramos que nosotros, como participantes o invitados a programas de intercambio cultural, en ningún caso se nos ha propuesto ni nos hemos comprometido política o laboralmente con los Estados patrocinantes. Estas actividades no sólo forman parte de una antigua tradición entre los países que sostienen relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que son completamente legales y suelen estar dirigidas a profesionales de todas las disciplinas.


Además, nos llama poderosamente la atención que se haya presentado ante la Asamblea Nacional una lista elaborada de manera irresponsable y arbitraria. En ella se incluye a periodistas que fueron invitados mas no participaron en estos programas y, a la vez, se excluye a comunicadores vinculados al gobierno, que sí fueron beneficiarios de estos intercambios.


Todo esto evidencia que, tanto quienes formulan las denuncias como quienes las avalan en el Parlamento y en los medios oficiales, pretenden descalificarnos como profesionales, amedrentarnos, y criminalizar el libre ejercicio del periodismo independiente en Venezuela.


Continuaremos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, no sólo por nuestra obligación como periodistas sino por nuestro compromiso con Venezuela, pues se trata de un elemento esencial para la democracia.



Caracas, 13 de Agosto de 2007