PERÚ - Intolerancia a la crítica y prepotencia de funcionarios públicos



70 AGRESIONES A LA PRENSA EN LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL AÑO


La intolerancia a la crítica de las autoridades municipales y regionales y la violencia física contra las mujeres y hombres de prensa han marcado el quehacer periodístico en los primeros seis meses del año. El revelador informe de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista registra 70 ataques a la prensa en lo que va del año, cifra superior a la registrada el año pasado durante 12 meses en que se denunciaron sólo 42 casos de agresiones.


El balance presentado el último 5 de julio arroja un saldo de 2 asesinatos, 34 agresiones físicas, 11 intimidaciones y amenazas, 10 presiones jurídicas, 7 trabajas a la circulación de la información, 3 detenciones arbitrarias, 2 robos y 1 presión administrativa.


Lima, es el departamento con el mayor número de agresiones (15), le siguen Huaraz (08), Puno (6), Piura (06), Chimbote (5) y Pisco (5).


El informe presentado por la OFIP precisa que los ataques fueron responsabilidad, el mayor número de veces, de elementos desconocidos (37) y funcionarios civiles (17), entre los que prevalecieron alcaldes de las más variadas filiaciones partidarias que ante las críticas periodísticas a sus gestiones se mostraron intolerantes y prepotentes.


Los asesinatos de Alberto Rivera Fernández, victimado el último 21 de abril en Pucallpa, y de Antonio de la Torre Echeandía, conductor del Programa "En La Noticia", de Radio Orbita de Yungay (14-02-04), siguen siendo expresión sentida de lo que significa hacer periodismo en el país, considerando que Perú desde 1999 no registrada crímenes contra periodistas.


Además del asesinato del periodista Antonio de la Torre Echandía, de radio Orbita de Yungay, victimado por dos sujetos que lo atacaron arteramente, el 14 de febrero, cuando salía de una reunión social, clavándole varias veces un afilado cuchillo en la espalda y el de Alberto Rivera Fernández, conductor del programa Transparencia, de Radio Frecuencia Oriental, en Pucallpa, victimado el 21 de abril de dos balazos a quemarropa, la detención del periodista Henry Galo Ayala en Ilave, las amenazas contra Rocío Vásquez, en Chimbote y el hostigamiento al colega Mario Risco, en Aguas Verdes, Tumbes, se convirtieron en los casos que mayor conmoción causaron en el gremio de la prensa.


Arequipa, Ayacucho, Bagua, Cusco, Chepén, Chimbote, Chincha, Huancayo, Huaraz, Ilo, Iquitos, Lima, Pisco, Piura, Pomabamba, Puerto Maldonado, Pucallpa, Puno, San Martín, Tarapoto, Tacna, Tingo María y Tumbes, también serían escenario de violencia física y hostigamiento contra periodistas.


El periodista Henry Galo Medina, director del informativo San Miguel Informa, de Radio San Miguel, fue detenido por la policía el 5 de mayo. A Galo Medina se le pretende responsabilizar de los hechos sucedidos el 26 de abril en Ilave, que terminaron con la muerte del alcalde de esa localidad, Cirilo Robles Callomamani.

El periodista, corresponsal de Radio Programas del Perú y de Ideele Radio, informó al detalle de lo que ocurría semanas antes en dicho lugar, como lo hicieran otros medios y periodistas, dando cuenta del malestar existente en la población por las supuestas irregularidades en el Municipio de dicha ciudad. De la misma manera, vertió opinión censurando la actitud de las autoridades quienes, pese a la protesta pública, hacían caso omiso a tales reclamos.

El periodista a quien se acusa de informar y opinar fue recluido en el Penal de La Capilla, en Juliaca, con orden de detención preliminar.


El caso de la periodista Rocío Vásquez Goicochea, es de nota mayor. A la colega, además de las amenazas de muerte, tras denunciar periodísticamente la situación del poderoso empresario pesquero Samuel Dyer, quien estaría detrás de la pesca ilegal en el norte del país, se le inició, sin éxito, una feroz campaña de desprestigio a fin de descalificar su trabajo profesional.


En Lima, el 20 de mayo la periodista británica Sally Bowen, fue impedida de salir del país debido a una orden judicial emitida por el Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, presidido por el juez Alfredo Vladimir Catacora Acevedo.

La denuncia fue interpuesta por el empresario aerocomercial Fernando Zevallos, luego que Bowen citara en su libro "El Espía Imperfecto", la versión de un ex agente de la DEA, Oscar Benítes Linares (en prisión), quien sostuvo que Vladimiro Montesinos, reorganizó el negocio de las drogas con varias personas, entre ellas Zevallos.


La estadística confirma que nuestro país continúa siendo uno de los más peligrosos de América Latina para el ejercicio de la profesión periodística, a tal punto que, con menor número de casos, se le ubica en el mismo grupo de Colombia, México y Venezuela.



Lima, 5 de julio del 2004



Zuliana Lainez Otero

Secretaria Nacional

de Comunicación Social