La FIP llama al Día de Acción en apoyo a los periodistas de Pakistán

El deterioro de los derechos de los medios en Pakistán se ha empeorado seriamente con la imposición por parte del presidente Pervez Musharraf del estado de excepción desde el 3 de noviembre de 2007.

Dos ordenanzas (instrucciones con fuerza de ley) emitidas por el presidente Musharraf han impuesto serias restricciones a los medios de información de Pakistán y a la capacidad de informar de los periodistas sobre la crisis política del país.

Bajo dichas ordenanzas:

• está prohibida la publicación o la retransmisión de ciertos materiales considerados como ofensivos o contrarios al interés nacional, y de las noticias que se consideren que difaman o ridiculizan a la administración y al ejército.

• también están prohibidas las retransmisiones en vivo de incidentes, de actos de violencia o de conflictos, así como de secuencias de vídeos de supuestos militantes o de programas que se considere que inciten a la violencia.

Además de las amplias restricciones para cubrir el deterioro de la situación de la seguridad, las violaciones de la nueva ley pueden acabar en tres años de prisión, multas de 10 millones de rupias (165.000 dólares USA) y la suspensión de las licencias de retransmisión.

Además, el presidente Musharraf ha ordenado el cese de los canales de televisión de propiedad privada en las principales ciudades de Pakistán. La autoridad pakistaní que regula los medios electrónicos (PEMRA) tiene el poder de confiscar los equipos y de obstaculizar los accesos a las instalaciones de los medios para impedir que los periodistas lleguen a sus despachos.

Durante el fin de semana, el gobierno cerró todas las cadenas de televisión privada, muchas emisoras de radio, y desde que empezase la campaña las emisiones de medios extranjeros como la CNN y la BBC. Desde entonces, los pakistaníes sólo han podido ver las noticias emitidas por la televisión que controla el gobierno.

Las redadas policiales se pusieron como objetivo los medios de propiedad privadas Aaj TV ,la emisora de radio FM99 en Islamabad, y la emisora de radio FM 103 en Karachi entre otras. Algunas comunicaciones de telefonía móvil se han cortado. A fecha de 6 de noviembre, la cadena de televisión del estado era en Pakistán el único retransmisor de noticias que salía al aire, a pesar de que dos cadenas comerciales volvieron a emitir el 7 de noviembre. Los periódicos de Pakistán han seguido publicando sus críticas a las acciones del presidente Musharraf.

Muchos líderes de la oposición, abogados, activistas y periodistas han sido detenidos o puestos bajo arresto domiciliario tras la declaración del estado de excepción, entre ellos el periodista y activista defensor de los derechos humanos de alto nivel I. A. Rehman. Se ha informado de que todos los periodistas que habían sido detenidos han sido liberados.

Los periodistas de todo el país están adoptando una línea muy dura contra la campaña del gobierno y siguen con sus duras protestas. El 5 de noviembre cientos de empleados de los medios acudieron a los clubes de prensa de varias ciudades para protestar contra las ordenanzas anti- medios y por la detención de sus compañeros y amigos. Muchos redactores han rehusado inclinarse ante las peticiones del gobierno de cambiar las políticas editoriales. Sin embargo, se ha informado de que algunos pequeños productores de noticias han capitulado y han firmado una nota para acatar las advertencias.

La Unión Federal de Periodistas de Pakistán (PFUJ), afiliado de la FIP, describe las acciones del gobierno como “la peor represión contra las medios en Pakistán de los últimos 30 años.

La PFUJ está liderando acciones sobre el terreno para llamar la atención sobre la crisis y ha mantenido una fuerte presión sobre el gobierno. El 7 de noviembre, el sindicato envió un ultimátum de 48 horas al presidente Musharraf para rescindir las ordenanzas y acabar con el bloqueo de las cadenas privadas de noticias de radio y de televisión.

Junto a la PFUJ, las organizaciones locales de periodistas y los organismos de medios han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se sume a sus esfuerzos de mantener la presión generalizada sobre el gobierno pakistaní y sobre el presidente Musharraf para que se restaure el derecho de los periodistas a informar libremente sobre los sucesos en Pakistán.